El Grupo Vendex, con cuatro oficinas en Galicia y 28 en toda España, es el núcleo, junto a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de Pokemon, el nido del que De Lara ha tirado para ir describiendo la presunta red de comisiones irregulares y favoritismos a la que se intenta poner nombre, cara y atribuir supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude documental o blanqueo.

Los pagos en metálico son tan importantes para la investigación como complicados de probar, según fuentes del caso. Hace unos meses, la dirección del grupo Vendex dio órdenes a empleados para que hicieran constar por escrito todos y cada uno de los pagos realizados, desde las transacciones "grandes hasta las pequeñas". La juez y su equipo se enteraron de la existencia de esta instrucción porque ya había ordenado grabar las conversaciones de los directivos de Vendex. Según fuentes próximas al caso, la orden de contabilizar cada uno de los pagos a sus destinatarios se produciría por la necesidad de revisar las transacciones realizadas, pues se había constatado un cierto descontrol en la contabilidad B de la empresa.

Esta auditoría interna encargada por los jefes no parece una auditoría normal de las que realizan las empresas puntualmente para medir el balance de cuentas sino más bien estaría relacionado con el supuesto dinero en B, de ahí que la investigación judicial le concenda tanta importancia como clave en el entramado a dicha auditoría interna.