A pocos años de jubilarse, al tratarse de niveles profesionales en extinción, los médicos de cupo y zona y los llamados APDs (Asistencia Pública Domiciliaria) no están dispuestos a integrarse en el colectivo de estatutarios, como insta el Gobierno en el Real Decreto de medidas urgentes en sanidad, si con el cambio pierden derechos y condicionales laborales con respecto a su categoría de funcionarios desde que se iniciaron en la profesión. Facultativos integrados en la coalición sindical CESM-Omega, mayoritarios en el sector sanitario, avanzan que si el Gobierno no da marcha atrás "en la iniciativa impuesta vía decreto" recurrirán la norma. "Crea un conflicto competencial que incluso podría derivar en inconstitucional, aunque para ello tendremos que recabar apoyo político", explican fuentes de los afectados.
La modificación de su estatus, recogida en el capítulo de recursos humanos del Real Decreto 16/2012, les da la opción de integrarse como estatutarios (condición de la mayoría del personal del sistema público de salud) o mantenerse como funcionarios, abandonando la tarea asistencial y pasando a un departamento (no sanitario) para realizar labores administrativas. En Galicia este cambio afecta a unos 800 profesionales, entre médicos, practicantes y matronas; los primeros en entrar en el cuerpo sanitario del país, que prestaban en la mayoría de los casos (y lo siguen haciendo) asistencia a domicilio. Esperan, no obstante, que el Ministerio de Sanidad mueva ficha: "De momento ya se produjo una corrección de errores por parte del Gobierno, en lugar de 2012, la fecha para el cambio es diciembre de 2013, por lo que la medida no debe ser tan urgente", expresa el doctor Blanco Docanto, secretario general de CESM-Galicia. En la corrección de errores el Gobierno incluye, además, "en 2013 y sin perjuicio de los derechos consolidados".
Integración funcional
"¿Pero cuáles son los derechos consolidados? No se especifica y siendo así, ¿qué sentido tendría el cambio?", añade Blanco. Para el secretario de CESM, esta modificación, en Galicia, no tiene sentido: "Aquí ya hubo la llamada integración funcional, fue sobre el 2005; un ajuste de tareas para igualar funciones en los centros de salud pero conservando los derechos". Según Blanco, el ahorro no será tal porque: si todos deciden hacer labores administrativas "serían casi mil funcionarios más, a ver dónde se meten en una época de recortes, además de tener que cubrir los cupos de pacientes que dejan, ¿se contratarían otros médicos en su lugar?". Más que a una pérdida de retribución o complementos, la mayoría teme perder las condiciones de jubilación, a pocos años de retirarse. El portavoz de las asociaciones de médicos de familia, Jesús Sueiro, indica, no obstante, que desde su colectivo siempre abogaron por la integración "para que no existan diferencias y trabajar todos en las mismas condiciones", si bien considera que la integración debe hacerse bien "sin que implique una pérdida de derechos y respetando las cuestiones laborales".
