Los Presupuestos Generales del Estado introducen recortes "en cantidades extraordinariamente elevadas" que ponen en peligro la prestación de servicios básicos en manos de los ayuntamientos, alerta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ayer presentó en el Congreso sus enmiendas a las cuentas públicas. Uno de los mayores descensos presupuestarios, según denuncia, los sufren las políticas activas de empleo, donde desaparecen más de 1.100 millones de euros con respecto al anterior documento contable. Pero no es el único ámbito que se verá perjudicado. "De no ser atendidas las enmiendas por el Gobierno, significará una mucha menor capacidad de generación de empleo, de políticas sociales y de transporte y un grave daño a las escuelas infantiles", señala su vicepresidente, Abel Caballero.
Por su cercanía al ciudadano, el ámbito local sigue siendo el principal escenario de desarrollo de las políticas de fomento de la inserción y estabilidad laboral, recuerda la FEMP, que reprueba la eliminación de la partida de 1.110 millones de euros que obtuvieron los ayuntamientos el año pasado a través de las comunidades autónomas y los 19 millones que percibieron de forma directa.
La dotación presupuestaria para Educación Infantil también se reduce de 101.600 euros a poco más de mil euros, lo que haría inviable el mantenimiento de las guarderías, subraya la entidad, que pide que se reponga la misma cantidad que en el pasado ejercicio. "Un recorte de estas características significará que prácticamente ningún ayuntamiento de España podrá hacer políticas activas de recuperación de parados para reincorporarlos a los mercados de trabajo o tener que poner en precario docenas de escuelas infantiles", critica Caballero.
En cuanto a los servicios sociales. Los municipios sostienen que una reducción del 43% del plan concertado supondría el cierre de mas de 580 centros de servicios sociales y "el mas que posible despido" de 12.000 trabajadores, así como, la imposibilidad de atención de mas de tres millones y medio de usuarios directo y el recorte a menos de la mitad de programas en el ámbito local, como la ayuda a domicilio o programas de prevención y reinserción. Por ello, exigen la reposición de 66,7 millones de euros en este campo, donde incluyen también la teleasistencia.
La entidad reclama asimismoque no desaparezca el fondo especial de financiación de los pequeños municipios, dotado con 45 millones en 2011 o que no se reduzca en 63 millones –hasta los 20– el destinado a la conservación de la red viaria local. Además, la federación reprueba la rebaja de 19 millones de euros en transporte público, que sitúa esta inversión en valores anteriores a 2007, mientras que los costes de mantenimiento del servicio han subido y es necesario renovar flotas para cumplir compromisos medioambientales.
"Nos encantaría que el conjunto del arco parlamentario aceptara las enmiendas que por unanimidad decidimos 8.100 ayuntamientos", sostiene el vicepresidente de la FEMP que, con el vicepresidente segundo, el popular Fernando Martínez Maíllo, presentó el documento ayer a los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Nueva Izquierda. De los dos últimos obtuvieron su respaldo, mientras que el portavoz de Administraciones Públicas popular, Juan José Matarí, se comprometió a estudiarlo "con mucha atención", a pesar de considerar "muy complicado" introducir enmiendas que supongan "un gasto añadido". De todos modos, recuerda que la financiación municipal aumentó un 8% en los presupuestos, lo que reconoció Maíllo.
Solo 22 ayuntamientos gallegos podrían independizarse de las diputaciones
De aplicarse la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las diputaciones solo operen en los municipios de menos de 20.000 habitantes, solo las siete ciudades gallegas y otros quince ayuntamientos lograrían la independencia en la gestión de sus servicios con respecto a la Administración provincial.
Este exclusivo grupo representa un discreto 7% del total de las localidades gallegas. De hecho, en las provincias de Ourense y Lugo, solo sus capitales conseguirían acceder a él. En Pontevedra, un 14,5% de sus ayuntamientos podrían recibir directamente la financiación para gestionar las competencias que ahora presta la Diputación. Son nueve. Además de Vigo y Pontevedra, Cangas, A Estrada, Lalín, Marín, Ponteareas, Redondela y Vilagarcía de Arousa. En A Coruña son dos más, aunque suponen algo menos en el total de la provincia: un 12%. A mayores de las tres ciudades –A Coruña, Santiago y Ferrol–, lo lograrían Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros y Ribeira.
Todavía habrá que esperar un tiempo para saber si el Estado acepta el acuerdo alcanzado en el seno de la FEMP entre administraciones locales y provinciales. El Gobierno central enviará hoy a Bruselas el Plan Nacional de Reformas en el que se sintetizan todas las que pretenden llevar a cabo a lo largo del año. Además de la de Sanidad o Educación, se incluye el compromiso de abordar una reforma de la Administración pública y se especifican sus líneas principales: redefinir las competencias de las comunidades autónomas, las diputaciones y los municipios para eliminar duplicidades y apostar por el ahorro a través de la gestión conjunta de servicios. El Estado asegura que antes de que la problemática todavía está en estudio y que la reforma se negociará con la FEMP antes de presentarla.
