La planta de medicamentos unidosis por la que Jorge Dorribo recibió 2,9 millones a través del Igape no era el único negocio farmacéutico al que el empresario había echado el ojo. Acostumbrado a diversificar, Dorribo constituyó en febrero de 2008 Tramipharma, una sociedad dedicada a la gestión económica, administrativa y logística de oficinas de farmacia. Su nuevo negocio le llevó a actuar de intermediario entre farmacéuticos dispuestos a vender y otros dispuestos a comprar. La sociedad participaba de la operación como socio capitalista, ya que era ella la que financiaba la compra de la botica vía préstamo y a cambio de una participación en los beneficios. Según los informes de la Agencia Tributaria, Tramipharma participó por esta vía en la adquisición de, al menos, 11 farmacias.
El acuerdo se plasmaba a través de un contrato de cuentas de participación, una fórmula legal pensada para que profesionales recién licenciados o sin capital puedan lograr la titularidad de una botica, que según la legislación española solo pueden estar regentadas por licenciados en Farmacia. Tramipharma facilitaba la compra al poner el dinero, y el boticario obtenía una cantidad mensual por los beneficios de la oficina. Hasta aquí todo normal; el problema es que detrás de la frenética adquisición de farmacias en la que se embarcó Dorribo había un oscuro propósito: utilizar esta red para comprar al por mayor medicamentos muy demandados y venderlos luego a través de sus empresas.
Dorribo asumía la gestión efectiva del negocio y se encargaba de hacer los pedidos de las farmacias, que recibían la mercancía para perderla de vista de inmediato en camiones de Laboratorios Nupel. Según los testimonios de media docena de farmacéuticos la versión siempre era la misma: el material se repartía en residencias de ancianos, flotas de barcos y ONGS. El destino real, sin embargo, era otro. Según las conclusiones del informe de los investigadores, Dorribo y sus socios "habrían utilizado a los farmacéuticos para la compra a proveedores de medicamentos que a posteriori recogían y comercializaban" sus empresas, probablemente, a países del primer mundo, sacando beneficio de la diferencia de precio.
Los farmacéuticos interrogados sostienen que ignoraban el destino real de los productos aunque admiten que el volumen de compras que les ordenaba hacer Dorribo "no era normal" para una oficina de farmacia. En total, los investigadores aseguran que en solo dos años estas 11 boticas declararon ventas por valor de 71 millones de euros: 47 a Innova Farmacéuticas y 23 a Nupel.
Estafados o cómplices, al menos media docena de los propietarios de estas boticas han presentado una querella contra Dorribo por estafa y se enfrentan ahora a deudas millonarias con los bancos y las distribuidoras.
La rapidez con la que Tramipharma compraba farmacias y, sobre todo, los voluminosos pedidos de medicamentos que facturaban las boticas levantaron las sospechas tanto de la Consellería de Sanidade como de la juez Estela San José. Según el informe de los agentes, la sociedad compró 11 oficinas en Galicia (Santiago y Salvaterra), Asturias, Madrid, Valencia y Cataluña, aunque en un documento hallado en el registro a Proitec figuran 13 boticas.
Los nombres propios del ´caso Campeón´
Lo que empezó como una trama empresarial para obtener subvenciones de forma fraudulenta ha acabado convirtiéndose en un escándalo político de enormes proporciones e implicaciones todavía difíciles de medir. Al tirar del hilo de la operación Campeón la juez Estela San José se encontró con una larga y enmarañada madeja que, como se desprende de los 57 tomos que integran el sumario, parece muy lejos de llegar a su fin. Hasta la fecha, las ramificaciones del caso salpican de una forma u otra a decenas de empresarios gallegos, políticos y cargos públicos de los tres principales partidos.
Nadie parece a salvo de la investigación desde que Jorge Dorribo empezó a "tirar de la manta". Además de los dos cargos del Igape detenidos el 25 de mayo (Joaquín Varela, director xeral por entonces, y Carlos Silva, subdirector de Información Especializada y no número dos del organismo como publicó ayer este periódico) y de los principales empresarios imputados (el vicepresidente de Azkar José Antonio Orozco, y los directivos de Proitec Carlos Monjero y Javier Rodríguez, los tres socios del líder de la trama en la empresa andorrana Salut D´Innovació), los testimonios de Dorribo, confusos, caóticos y llenos de contradicciones, disparan hacia la Xunta, el Gobierno y algunos cargos municipales, a los que vincula con supuestos cobros en dinero, especias y patrocinios a cambio de subvenciones, favores políticos y tratos preferentes en la Administración.
En julio la juez citó como imputados a cuatro cargos de la Consellería de Medio Ambiente (la directora de Infraestructuras, el subdirector de Estradas y su predecesor en dicho cargo, y el subdirector de Planificación) pero las primeras "víctimas" de Dorribo, decidido a no caer solo, fueron el exdiputado del PP y exedilde Oleiros, Pablo Cobián, y el exconselleiro de Industria, Fernando Blanco (BNG). Ambos dimitieron a las horas de que sus nombres apareciesen en los medios vinculados a la trama y al supuesto cobro de comisiones. Al mismo tiempo Dorribo también acusó a José Blanco de haber recibido sobornos (supuestamente 200.000 euros) por mediar ante varios ministerios y señaló a José López Orozco, alcalde de Lugo, como artífice de su primer encuentro con el exministro y responsable de ciertas gestiones en el concello que favorecieron a sus empresas.
El levantamiento del secreto de sumario ha revelado una nueva imputación de un cargo público: Salustiano Mato, actual rector de Vigo y antiguo responsable de I+D+i con el bipartito. Pero las declaraciones de Dorribo y las conversaciones intervenidas también salpican al BNG de Lugo y hasta a cinco consellerías de la actual Xunta (Medio Ambiente, Industria, Mar, Traballo e Benestar y Economía).
Todos los supuestos implicados en la trama defienden su inocencia, la legalidad de su actuación y amenazan con querellarse o ya lo han hecho. Incluso el presidente de la Xunta, al que en las conversaciones intervenidas Dorribo atribuye supuestas gestiones ante el Igape, amenazó esta semana con llevarlo a los tribunales. Algo que ya han hecho varios de los antiguos colaboradores de Dorribo extendiendo aún más el ya complejo caso Campeón.
