El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer que desde el Gobierno gallego no se dio ningún trato de favor al empresario Fermín Duarte, implicado en la "Operación Arena" por la que se investiga un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias que además desencadenó la dimisión del diputado autonómico del PP, Javier Escribano. Según el sumario policial, el empresario de Pontedeume, dueño de la empresa Mammer, estaba en contacto con el parlamentario del Partido Popular, a quien supuestamente, según los pinchazos telefónicos, regaló un Porsche a cambio de que intercediese a su favor ante la Consellería de Medio Ambiente y de Economía e Industria. Escribano defiende, sin embargo, que el coche no fue un regalo sino que lo adquirió por 10.000 euros.
"Ese empresario solo obtuvo de la Xunta negaciones y sanciones", sentenció ayer Feijóo. Según explicó, la empresa Mamer fue"sancionada, multada y obligada a la reposición de tosas sus actuaciones" por parte de la Consellería de Medio Ambiente a raiz de una denuncia de la Asociación Galega de Áridos que alertó de la "alta toxicidad" de un material comercializado por la empresa de Duarte.
Feijóo reconoció que este empresario intentó presionar a la Xunta, pero aclaró que sin éxito. "Todos los intentos de entrar por distintas puertas al Gobierno gallego, como aparece acreditado en el sumario y como aparecerá posteriormente acreditado en el juicio, fueron rechazados por los distintos estamentos", aclaró. "Me gustaría que en el resto de las administraciones se actuase del mismo modo", apuntó.
En este sentido, insistió en que "está acreditado" que tanto en el departamento de Medio Ambiente como en el de Economía e Industria "todo el interés" que tuvo este empresario por conseguir determinadas "autorizaciones" para su labor mercantil "fue rechazado".
En su intervención ayer tras el Consello de la Xunta, Feijóo se refirió también a la noticia de la admisión a trámite del recurso interpuesto por la Xunta contra la negativa del Gobierno central de adelantar a Galicia 805 millones de euros del sistema de financiación. En su opinión, Galicia "se defenderá" ahora ante "el único órgano" que "quiso" escuchar sus razones. De hecho, lamentó tener que llegar al recurso de inconstitucionalidad, pero remarcó que el Gobierno lo obligó. "No quiso ni sentarse a valorar ni negociar esta reclamación", zanjó.
Feijóo aludió también a las críticas al procedimiento del pago aplazado para ejecutar infraestructuras. "Es sorprendente que aquellos que comprometieron fondos públicos hasta 2048 para autopistas estatales critiquen ahora el uso del pago aplazado", censuró.
