A efectos fiscales, hasta ahora era relativamente sencillo pasar por encima de la declaración de un alquiler, ya sea de una vivienda, un bajo para uso de comercio e incluso una nave industrial, bajo la justificación de que el inmueble está vacío. Que el titular admita la propiedad no significa que tuviera que rendir cuentas por el aprovechamiento. Pero la campaña de la renta de este año promete traer muchas sorpresas. Aunque realmente la medida está aprobada desde 2006 dentro de la Ley contra el Fraude Fiscal, éste es el primer ejercicio en el que la Agencia Tributaria cruza los datos de los supuestos pisos y locales sin ocupar con la información que las empresas de electricidad, agua y gas manejan sobre el consumo para comprobar si realmente el contribuyente está diciendo la verdad. Los primeros arrendamientos irregulares están saliendo ya a la luz en Galicia, según aseguran fuentes de Hacienda. Hay tarea. El sindicato que agrupa a los técnicos del Cuerpo Especial de Gestión del organismo (Gestha) estima que el volumen roza los 40.000, solo en el caso de los hogares.

Lo que equivale a más de un 35% de todos los alquileres que hay en Galicia, en función de los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogía en 2009 un total de 112.812 arrendamientos de pisos. "Podemos pensar racionalmente que una parte que los ciudadanos encuestados que dicen estar ocupando gratuitamente, en realidad esconden un alquiler sumergido", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha. La campaña pasada del IRPF –con la bonificación del 50% o el 100% del rendimiento neto de los contratos– se cerró con la declaración de 72.846. Un importe total de 130,144 millones de euros, alrededor de 1.786 euros de media por cada uno. El resto, otros 39.966 arrendamientos pues, están sin oficializar ante la Agencia Tributaria y suman un fraude superior a los 71,4 millones de euros.

En las cinco delegaciones de Hacienda en Galicia, como confirman inspectores del propio organismo, están saltando los primeros casos de inmuebles ocupados que se intentaron colar como vacíos. Solo es el principio. "A partir de la recta final de año se notará con la campaña de revisión ante las sospechas que salgan de las declaraciones –sostiene Mollinedo–. No suponen una prueba, pero sí una sospecha de la que empezar a tirar del hilo".

El problema de alquileres ilegales afecta en toda España a más de la mitad del parque de arrendamientos, por encima de los 1,2 millones de viviendas. La renta que se queda en el bolsillo de los dueños de los inmuebles sin declarar alcanza los 3.000 millones de euros. Los datos, en este caso, son de la campaña de 2008, el último informe de Gestha que recoge la visión al completo del país y que refleja las enormes diferencias entre comunidades. El fraude supera el 71% de los arrendamientos en Andalucía. Un 68% en Murcia, un 66% en Canarias y en el entorno del 60% están Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Aragón y Cantabria, en cambio, se mueven en porcentaje mucho más bajos, del 25%, sin contar lo que ocurre en País Vasco y navarra, que gestionan su propio IRPF y no hay información disponible. Evidentemente, tanto en Galicia como en el resto de autonomías, las cifras se quedan muy cortas al dejar de lado el movimiento de los bajos comerciales.

Sin quitarle importancia a la puesta en marcha de la revisión del mercado del alquiler, los técnicos de Hacienda recuerdan que el grueso del fraude fiscal ligado a la vivienda no está precisamente ahí. Los arrendamientos suponen una cuarta parte, según Gestha, del total de la evasión fiscal relacionada con el sector inmobiliario. "La problemática está en la construcción. Ahí sí. El fraude alcanza hasta 8.900 millones de euros al año", asegura Mollinedo. Un nuevo frente del Gobierno central para atajar la caída de la recaudación fiscal y la merma de ingresos por la crisis.