Una llamada a la puerta, un aviso judicial, el desalojo y sin casa. Ésta es la secuencia que han vivido casi seis mil familias gallegas desde que hace cuatro años estalló la crisis económica, que fue minando su capacidad para hacer frente el pago de sus hipotecas y acabó con el embargo de su vivienda. Cuatro de estas tragedias familiares se han producido en Galicia cada día desde 2007.
El incremento de las dificultades económicas y de la cifra de desempleados desde que hace cuatro años la economía comenzase su desplome ha provocado en Galicia un incremento constante de las ejecuciones hipotecarias, es decir, de las situaciones en que el banco o entidad crediticia se queda con el inmueble porque su dueño no puede seguir pagándola. Si hace cuatro años, la cifra alcanzó los 701 embargos, en los nueve primeros meses de 2010 la cifra llegó a 1.460, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 2007 y hasta septiembre de 2010, 5.583 gallegos perdieron su casa. Falta un trimestre del año pasado por contabilizar y la previsión es alcanzar los seis mil.
Las estadísticas revelan el impacto de la crisis económica sobre el bienestar de la ciudadanía sobre un elemento clave: la vivienda. En tres años, la cifra de embargos ante la imposibilidad de pagar la hipoteca casi se triplicó, pasando de las 701 de 2007, a 1.369 en 2008 y 2.053 en 2009, ejercicio en el que alcanzó el pico más alto por el momento, coincidiendo con el peor momento de la crisis. Ahora, la tendencia parece haberse contenido, según muestran los nueve primeros meses del año pasado, último período del que tiene datos el CGPJ.
Pontevedra lidera el ranking
Durante los años de bonanza económica, las entidades crediticias llegaban a ofrecer más del 100% del valor del piso a los firmantes de las hipotecas, pero el desplome del ladrillo y el incremento constante del paro han dejado a miles de familias sin capacidad para afrontar las deudas contraídas entonces.
La radiografía por provincias muestra como principales afectadas las más pobladas pero también las más urbanizadas. En casi cuatro años, 2.320 familias pontevedresas perdieron su casa por no poder afrontar el pago de la hipoteca, una cifra que alcanzó las 2.212 en A Coruña, las 558 en Lugo y las 493 en Ourense.
Las ejecuciones de las hipotecas constituyen el punto final de un proceso que comienza cuando el dueño del piso es incapaz de abonar los plazos establecidos en la hipoteca y comienza a acumular recibos pendientes. Las entidades bancarias insisten en que negocian con estas familias para que el embargo sea la última opción, pues carecen de interés en hacerse con más inmuebles debido a la ingente cantidad de propiedades que tienen en cartera. Por su parte, la asociación de usuarios de banca, Adicae, sostiene lo contrario, hasta el punto de que en 2009, cuando las ejecuciones hipotecarias se dispararon, solicitó que se paralizasen estas medidas en toda España, donde desde el inicio de la crisis casi un cuarto de millón de familias han perdido su vivienda.
Además, en los casos en que el banco estime que el embargo del inmueble resulta insuficiente para pagar la deuda contraída debido a la devaluación del inmueble, la familia debe seguir pagando por algo que ya ha perdido definitivamente.
