Los juzgados gallegos tendrán por primera vez un servicio permanente de intérpretes

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO La presencia cada vez mayor de población inmigrante en Galicia sigue creando nuevas necesidades, también desde el punto de vista de la Justicia. Para responder a esta realidad multicultural, los tribunales gallegos demandan desde hace tiempo más traductores y un servicio de interpretación rápido y eficaz que garantice que siempre que sean requeridos a instancias de un juez o del Ministerio Fiscal se garantice el derecho de los imputados a expresarse en su idioma materno. Atendiendo a esta demanda, la Xunta acaba de licitar la contratación del servicio de traducción e interpretación para la Administración de Justicia de Galicia, un concurso que permitirá, por primera vez, que todos los juzgados de la comunidad cuenten con un grupo de intérpretes permanentemente disponibles.
Para hacerse con este contrato, que la Xunta licitará por separado para cada provincia, las empresas interesadas deberán acreditar que disponen de traductores e intérpretes para diez idiomas: inglés, francés, árabe, rumano, polaco, búlgaro, portugués, chino, ruso y senegalés. Éstas son las únicas lenguas obligatorias para la Administración gallega, aunque se valorará a mayores cualquier otro idioma que los aspirantes acrediten. El alemán, por ejemplo, entraría en este grupo, pese a que el Tribunal Superior de Xustiza cree que es una de las cuatro lenguas que, por la demanda, deberían contar en Galicia con traductores permanentes.
Aunque ya existe algún juzgado en Galicia que dispone ya del servicio de intérpretes en plantilla, fuentes de la Consellería de Presidencia explican que, hasta ahora, cuando se necesitaba traducir a un detenido o testigo extranjero, el juzgado lo notificaba a la Dirección Xeral de Xustiza y ésta se encargaba de buscar a un profesional. Es decir, la Xunta contrataba a los intérpretes "a demanda" para necesidades puntuales.
Aunque este sistema permite a la Administración pagar sólo por los servicios que requiere, el método nunca convenció a jueces y fiscales, ya que plantea un problema de disponibilidad que, a veces, se traduce en una ralentización de la Justicia.
Desde Presidencia admiten que la decisión de dejar en manos de una sola empresa el servicio pretende introducir más garantías y mejorar la eficacia del sistema. Al respecto, explican que, contratando globalmente todos los trabajos de traducción e interpretación en el ámbito judicial, se garantiza "siempre" el servicio y se universaliza.
Y es que la empresa que se haga con la concesión deberá garantizar un número de intérpretes suficiente para poder "atender en tiempo y forma" todos los servicios que les encomienden los órganos judiciales o las fiscalías. Además, se les exigirá una disponibilidad permanente, como pedía el Tribunal Superior de Xustiza.
La empresa adjudicataria se hará cargo de servicios de interpretación oral y de traducciones por escrito relacionadas con investigaciones judiciales en curso o en el transcurso de un juicio. El Ministerio Fiscal, los órganos judiciales y la Dirección Xeral de Xustiza serán los únicos que puedan realizar encargos a dicha empresa, que sólo se ocupará de traducciones que deba pagar la Xunta.
La Xunta ha licitado el concurso por la vía de urgencia de modo que en menos de un mes estará adjudicado. La vigencia del contrato finaliza el 31 de diciembre, aunque existe la posibilidad de "prorrogarlo". En su conjunto, la Administración gallega está dispuesta a pagar por este nuevo servicio un máximo de 100.000 euros, aunque más de la mitad de la partida presupuestada (70.000 euros) se repartirán entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, por ser también las que más juzgados tienen.