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El fiscal cita al ex presidente de Sogama y a un alto cargo del bipartito por prevaricación

José Álvarez y el antiguo director xeral de Medio Ambiente comparecerán en dos meses

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PILAR MERA - A CORUÑA Todo comenzó en octubre de 2008 con la muerte de un millar de truchas en el Lengüelle, el río de Cerceda (A Coruña) que rodea el vertedero de Areosa, el basurero de Sogama al que van a parar buena parte de los residuos generados por los gallegos. Pero la investigación sobre un supuesto delito medioambiental acabó derivando en una pesquisa sobre prevaricación y tráfico de influencias en la que están imputados varios altos cargos del Gobierno bipartito.
Entre ellos, el que fue presidente de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), José Álvarez Díaz, y el director xeral de Calidade Ambiental durante la pasada legislatura, Joaquín Lucas Buergo del Río. Ambos fueron nombrados por el entonces conselleiro de Medio Ambiente, el socialista Manuel Vázquez. Y ambos han sido citados por el fiscal de Medio Ambiente que lleva el caso, Álvaro Ortiz, para declarar en el juzgado los dos próximos meses.
El proceso comenzó en el juzgado de Instrucción de A Coruña hace casi un año y medio, cuando los ecologistas denunciaron la muerte de más de un millar de truchas en el Lengüelle, uno de los afluentes del Tambre, el río que abastece a Santiago de Compostela y su área metropolitana. Según la denuncia presentada a finales de 2008, entre otros, por el PP, los peces murieron debido a los vertidos tóxicos "continuados" procedentes del basurero de Areosa, un depósito en el que Sogama acumula desde 1995 millones de toneladas de residuos que no pudo incinerar porque superaban la capacidad de la planta.
Más casos
Buergo del Río también está imputado por prevaricación en otro juicio de Medio Ambiente, por autorizar una cantera ilegal en Carballo.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil recogió muestras de las truchas y del agua del río supuestamente contaminado, y también del vertedero de Areosa y sus inmediaciones. Tras comprobar las graves deficiencias en los sistemas de depuración del basurero y las fugas en algunas de las balsas que almacenan los residuos, en diciembre de 2008 la Guardia Civil registró las oficinas de Sogama en Cerceda, donde se incautó de numerosa documentación. Desde entonces, las pesquisas de la Fiscalía se centran no sólo en dirimir las responsabilidades de la muerte de las truchas, sino en aclarar si hubo negligencia política por parte de la dirección de Sogama o de los altos cargos de la Consellería, como el director xeral de Calidade Ambiental, de quien dependen las autorizaciones ambientales
Los indicios de prevaricación van desde el supuesto trato de favor que la Xunta bipartita y la dirección de Sogama dieron a la firma asturiana Danigal —a la que habían subcontratado la gestión del vertedero— hasta el hecho de que tanto la dirección de la planta como la Consellería dirigida por el PSdeG habían sido informadas por escrito por parte de varios técnicos de que en el vertedero de Areosa había fugas meses antes de la mortandad de las truchas, como adelantó en su día este periódico.
Hasta el momento, en el proceso hay casi 30 imputados, entre altos cargos de la Xunta, Sogama y Danigal, y técnicos de las tres instituciones. Algunos de ellos ya han declarado ante el fiscal en las últimas semanas, como el ex consejero delegado de Sogama, Francisco Bustí; Ramón Pérez Mariño —jefe del área técnica de Sogama, que había sido despedido en enero de 2009 tras denunciar estas "irregularidades"— o el también técnico de Sogama Pedro Alcázar, que comparecerá hoy en los juzgados. En los próximos dos meses llegará el turno de los responsables políticos, como el ex presidente de Sogama y el director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Según las previsiones de la Fiscalía, cuando finalicen las declaraciones de todos los imputados comenzará la fase pericial, en la que se analizarán todas las muestras de los vertidos. Así, el inicio del juicio oral podría demorarse hasta principios del año que viene, dada la ingente cantidad de documentación y la gravedad de las acusaciones, pues la prevaricación medioambiental y los delitos ecológicos están penados con hasta seis años de cárcel, tres años de inhabilitación profesional y multas durante 24 meses.
Otros juicios
Además, en el caso de Buergo del Río ésta no es su primera imputación por supuesta prevaricación. El ex director xeral —natural de Oviedo y antiguo jefe de gabinete del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo— también está implicado en la autorización de la cantera carballesa de Brea, donde presuntamente se almacenan escombros cancerígenos procedentes de la fábrica de Ferroatlántica en Cee. Tras ser cesado por la Xunta bipartita en diciembre de 2008, fue nombrado delegado de la Xunta en Uruguay, cargo que ocupó hasta la primavera de 2009, cuando el nuevo Gobierno del PP desmanteló las delegaciones exteriores de la Xunta.

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