Guerra de togas para apartar a los políticos de la elección de los cargos judiciales. Jueces y magistrados de A Coruña, Santiago, Cambados, Vilagarcía, Ourense y distintos puntos de Galicia se han sumado al manifiesto por la independencia y la despolitización judicial que circula estos días por el correo electrónico interno corporativo, que ya han firmado más de 800 jueces de toda España y que podría superar el millar de adhesiones durante este fin de semana. El colapso de la red es tal que se proponen abrir un foro.
Se rebelan así "contra el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial" y su objetivo "es hacerle frente con todos lo medios legales y constitucionales a nuestro alcance". La mayoría de los firmantes son jóvenes jueces y magistrados, aunque con años de profesión, cansados de ver recortadas sus atribuciones y los medios de que disponen en favor de los poderes políticos que deciden desde sus salarios a quien hace carrera, lo que en su opinión recorta su independencia.
El juez decano de A Coruña, José Antonio Fraga Mandián, está entre los 43 magistrados de toda España que han puesto en marcha la Plataforma por la Despolitización, un grupo de jueces no adscritos y afiliados a las cinco asociaciones profesionales existentes. Se trata de un llamamiento a los miembros de la carrera judicial para denunciar públicamente la situación e informar a los ciudadanos de "las graves consecuencias que comportará el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que ni se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos".
Los jueces denuncian los "nocivos efectos" de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en 1985 les arrebató su derecho a elegir a 12 de los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) transfiriendo íntegramente al Parlamento la elección de todos ellos. Así, exponen que el poder político "consiguió derribar el principal muro de protección constitucional de la independencia judicial". Aducen, además, su convicción de que "lo que está en juego es la democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución".
El documento, que se colgó en intranet el pasado 13 de enero, asevera que "el poder político, fiel una vez más a su insaciable afán por controlar a su controlador, lejos de respetar las advertencias y condiciones del Tribunal Constitucional, procedió a renovar a los sucesivos consejos judiciales en clave política, haciendo uso abusivo y marcadamente partidista de este sistema de elección parlamentaria".
El manifisto aboga por un gran pacto de Estado que garantice la elección democrática por sufragio directo de los magistrados de todos los órganos internos del poder judicial: del juez decano, de los presidentes de las audiencias provinciales y nacionales, de las Salas de Gobierno y de los 12 vocales de procedencia judicial que integran el Consejo General del Poder Judicial.
Los firmantes reclaman también el mantenimiento en poder de los jueces de sus funciones jurisdiccionales y de la instrucción del proceso penal "en tanto que la Fiscalía –que reclama dichas atribuciones– no sufra una profunda catarsis orgánica que les garantice su no dependencia del ejecutivo".
