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Las nuevas grandes superficies tendrán que crear guarderías, salas de lactancia y rutas de bus

El Gobierno gallego desoye la petición de los pequeños comercios de una tasa para los establecimientos de más de 2.500 metros

 07:50  
Interior de un centro comercial en Galicia.
Interior de un centro comercial en Galicia.  Iñaki Osorio

JULIO PÉREZ - VIGO A Galicia no les queda más remedio que adaptar su legislación comercial a la Directiva europea de Servicio, inspirada en la liberalización del sector. El Ministerio de Industria ya marcó las pautas para llevar a cabo las reformas y la Xunta se ha agarrado a todos los límites posibles para regular la polémica segunda licencia a las grandes superficies. El anteproyecto de la Lei de Ordenación de Comercio Interior, que reforma la actual normativa, en vigor desde 1998, establece que por cuestiones urbanísticas y medioambientales, el Gobierno gallego puede autorizar o denegar los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados. Para conseguir el permiso, eso sí, los promotores están obligados a dotar las instalaciones de una plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados, a cumplir escrupulosamente los planeamientos urbanos de los concellos y, aquí está la gran novedad, "adoptar medidas sociales" como el establecimiento de líneas de transporte público, crear guarderías, ludotecas o salas de lactancia, adoptar compromisos "firmes" con los consumidores y "cualquier otra medida de interés general" con los ciudadanos.
Ni una sola línea de la tasa que los pequeños comerciantes querían que la norma contemplara para las grandes superficies y que en otras comunidades ya tumbaron los tribunales. Los requisitos para la licencia se entienden en el sector como un guiño precisamente a la Federación de Comercio por sus críticas a las grandes empresas del sector.
Precisamente, para recoger las exigencias de la UE, el borrador borra de un plumazo los largos trámites administrativos para la apertura de cualquier tipo de establecimiento. Los ayuntamientos dictarán "una única resolución" sobre las licencias municipales. La autorización comercial no tendrá fecha de caducidad, aunque la empresa está obligada a sacar adelante el negocio en un plazo que no supere los 24 meses desde la obtención de las licencias. La normativa se reserva una posible prórroga por "causas justificadas". Por su parte, la Administración gallega se compromete a no tardar más de seis meses en resolver la licencia autonómica, pese a que el Gobierno central establece un máximo de tres.
El nuevo borrador elimina la obligación de rotular los establecimientos en gallego, como proponía el bipartito, y las horquillas de población para recurrir a la segunda licencia. A efectos prácticos, tal y como es el mapa gallego, en la mayoría de ciudades habría que solicitarla en caso de un establecimiento de más de 1.000 metros.

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