"No veo justificada una huelga de jueces; en lugar de resolver problemas, los crearía"

-Si la interinidad no es buena en ninguna institución, en una con funciones complejas como ésta lo debería ser menos y más cuando es una interinidad larga. De todas formas han sido tres años pero quizá como la Justicia esta en una situación de espera y de expectativa, lo fundamental se está produciendo ahora. Y lo importante es que ahora sí está cubierta.

-En una de sus primeras comparecencias públicas alertó de que los niveles de atraso en el TSXG el año pasado habían alcanzado los niveles de 2003 ¿Cómo ha empezado 2009?

-Los problemas están en las salas de lo Contencioso y lo Social. El número de asuntos pendientes en lo Contencioso a finales de 2008 ascendía a 18.658, mientras que en lo Social se ingresaron 6.158 y pendían 9.502, que es más o menos la bolsa de años anteriores. En cambio en lo Contencioso sí ha habido un incremento debido al elevadísimo número de asuntos nuevos que ingresó en 2008. En lo Social este problema se soluciona con más magistrados para dictar sentencia porque ésa es la función mayoritaria de esta sala. Hay un plan de refuerzo, que se está renovando en estos momentos e incluso están haciéndose gestiones para que se amplíe. La sala de lo Social necesita ese refuerzo no sólo por el retraso actual en la acumulación de asuntos pendientes, sino por la previsible elevación de asuntos en función de la situación económica, que ya se está notando, por despidos, extinciones de contratos de trabajo...

-En estas dos salas, sin embargo, ya se ha probado de todo: refuerzos, creación de más plazas… Ponerlas al día parece imposible.

-Yo haría una diferenciación. En lo Social si prospera el refuerzo que se está gestionando, muy superior al que hasta ahora venía funcionando, se puede paliar el retraso o, por lo menos, rebajarlo al nivel de entrada, unos 5.000 ó 6.000 asuntos por año. El caso de lo Contencioso es distinto. Un nivel de entrada tan grande como el que tuvo en 2008 obedece a una situación coyuntural, pero creo que requeriría un estudio concreto para poder bajar su nivel de pendencia.

-Más allá del TSXG ¿cómo está repercutiendo la crisis en el resto de los juzgados?

-Pues en este arranque del año empieza a haber problemas específicos en los juzgados de lo Social y más aún en sitios concretos como A Coruña, Ferrol o Vigo, que tienen una litigiosidad social importante. Y cuando los juzgados están ya con el nivel de entrada al límite de lo racional, cualquier incremento produce una disfunción todavía mayor. Además, el problema del aumento del número de asuntos en lo Social no sólo es de cantidades, sino de calidad, porque normalmente hablamos de despidos o reclamaciones de derechos, es decir, asuntos en los que las partes se pelean. En otro aspecto los juzgados de Primera Instancia están reclamando refuerzos porque las reclamaciones civiles se han incrementado, otro reflejo de la situación socioeconómica. Al pairo de esto están los juzgados de lo Mercantil y el caso específico del juzgado número 1 de A Coruña, que desde noviembre tiene funcionando una unidad de refuerzo y al que se unió el mes pasado el nuevo Mercantil número 2. Pero aún así la evolución cuantitativa y cualitativa del caso Fadesa sigue siendo preocupante porque ha originado muchísimos expedientes derivados del propio concurso. El incremento en función de la crisis tanto en los juzgados de lo Social como en los de lo Mercantil ha sido evidente, notable e importante. Y ya se viene notando desde el año 2008.

-En la jurisdicción penal, otra patata es la última reforma en materia de seguridad vial. ¿Se están detectando problemas por la avalancha de delitos de tráfico?

-Yo creo que eso está funcionando de forma correcta. Mayoritariamente son alcoholemias, conducciones ilegales... Yo creo que no hay en este momento un problema concreto con el funcionamiento de este tipo de juicios rápidos. Tanto es así que se han levantado voces pidiendo incluso soluciones similares en el ámbito civil. Y personalmente me parece una buena solución porque afecta a un ámbito concreto y limitado. ¿Si hay muchos casos? Pues parece ser que sí, que conducimos indebidamente, pero casi siempre la competencia es muy repetitiva y hay muchas conformidades, y eso es algo que facilita enormemente la tramitación.

-Pero los jueces sí se han quejado de que hay pocas plazas de trabajos comunitarios en Galicia. ¿No era un problema previsible cuando se reformó la norma?

-Claro, ¿pero quién tiene que prever eso? Al juez le viene todo dado, la competencia, el instrumentos legal y la infraestructura.

-Atraso, falta de medios e infraestructuras… Como presidente del TSXG supongo que usted no puede secundar una huelga, ¿pero comparte las reivindicaciones de sus colegas?

-Las reivindicaciones de las asociaciones judiciales son básicamente todas de las que estamos hablando. Nueva oficina judicial para delimitar funciones entre juez y secretario, infraestructuras, más medios materiales, más plazas de juez, incorporar las nuevas tecnologías que están en el mercado como la firma digital, la comunicación por vía telemática, la interconexión con otras administraciones… El Poder Judicial está en ello. Y después la infraestructura personal: más plazas de jueces. Esto está conectado con la determinación de la carga de trabajo y con la planta judicial. Nadie ha discutido la necesidad de estas reivindicaciones. El problema es la huelga como instrumento de reivindicación y ahí entramos ya en otro nivel.

-¿Y qué opina usted de ese instrumento de presión?

-El derecho de huelga de los jueces no es un problema voluntarista de decir yo soy o no partidario. Sobre este tema se han discutido varias cuestiones: si tenemos derecho a la huelga; en caso de que lo haya, si hay un instrumento legal que viabiliza este ejercicio; si la huelga de los jueces tiene las mismas limitaciones que la de un trabajador ordinario o un funcionario público; y en último término se ha discutido sobre la necesidad o conveniencia de que los jueces, ya sea en febrero o mayo, realicen una huelga. Sobre el derecho de huelga, mayoritariamente se opina que sí lo tenemos, otra cosa es las limitaciones concretas y el cómo. No hay prohibición expresa pero la Constitución sí dice que los jueces somos Poder de Estado. En la medida en que estimemos compatible una cesión de la actividad con el mantenimiento de la función jurisdiccional, los jueces tendrían derecho a la huelga. Pero yo en este momento no veo que haya razones en este sentido, máxime cuando las asociaciones y el ministro de Justicia están en negociaciones y hay constituida una comisión mixta entre el Poder Judicial y el Ministerio para alcanzar un acuerdo social por la Justicia. En este sentido no me parece que concurra ese presupuesto fundamental que justifica una huelga, que es básicamente un instrumento de solución de problemas , no de creación.

-Las críticas contra la politización de la Justicia van en aumento ¿Qué opina de que cargos clave como la Presidencia de un TSJ se conviertan en moneda de cambio entre partidos?

-Tanto el Poder Judicial como los jueces tenemos competencias que nos vienen dadas por ley, no las elegimos. Y en estas competencias hay cuestiones que tienen carga política, asuntos que intrínsecamente también son en esencia políticos. Cuando un órgano resuelve dentro de esas competencias no es que se esté politizando sino que está resolviendo un asunto que tiene carga política, que es algo totalmente distinto. De modo que si la institución que sea resuelve como debe hacerlo, se puede criticar su decisión desde la racionalidad, pero no deslegitimarla por haber resuelto. La independencia del juez no es algo negociable, forma parte de la propia estructura del Poder Judicial. Es la obligación del juez actuar con independencia.

-¿Le molesta que le cuelguen el cartel de juez progresista?

-A mí no me molesta ese adjetivo pero eso sí, bien entendido. Para mí el término progresista refleja una especial sensibilidad personal, profesional y social, no es patrimonio de nadie y tampoco una consecuencia ineludible de pertenecer a una determinada asociación. Ojalá yo respondiese un poco al significado real de ese adjetivo.

-¿Cree que habría que suprimir partidos judiciales o cuando menos reestructurarlos?

-El CGPJ ha encargado un estudio para determinar la cantidad y la calidad del trabajo que cada juez puede y debe desarrollar en las debidas condiciones. Y eso debe ser determinante a la hora de revisar la actual planta. Sobre la Ley de Planta y Demarcación Judicial, que es del año 1988 se ha dicho por activa y por pasiva que necesita una revisión entre otras razones porque la España de 1988 no tiene nada que ver con la actual. En el caso gallego, las demarcaciones de A Coruña y Pontevedra son las que más han cambiado y se puede intuir que llegado el momento podrían ser las que exigirían un replanteamiento de la realidad mayor. Porque cuando hablamos de planta judicial, como nos despeguemos de la realidad nos vamos a equivocar.

-¿Ayudaría poder decidir desde Galicia dónde y cuántos juzgados se crean?

-Eso formaría parte de una política de aproximar la solución de los problemas allí donde están. ¿Sería deseable ampliar las competencias? Pues no lo sé. Los fundamental es que se tenga en cuenta a las comunidades y a los órganos judiciales autonómicos para que las necesidades que se expongan sean reales y las soluciones propuestas adecuadas.

-Quizá ayudaría la creación de un Consello de Xustiza...

-Un Consello da Xustiza de Galicia podría ser útil para hacer un juicio real de los problemas y afrontarlos desde esa perspectiva y con medios propios. Lo que no se puede es crear un consello que no tenga ninguna función efectiva o entre en fricción con el CGPJ. La burocracia en sí misma, sin competencias, no tiene mucho sentido e incluso podría ser un nuevo elemento de distorsión.

-La vista oral del caso Prestige estaba prevista para final de año ¿Los recursos retrasarán la causa?

-Es imposible saberlo en este momento porque el problema es, a parte de las dificultades de la tramitación en sí, por la trascendencia y cantidad de personados que hay, es la cantidad de recursos que se han interpuesto contra la instrucción del Juzgado de Corcubión y que necesitan ahora una resolución previa al juicio. Ojalá se pudiera articular la celebración del juicio oral antes de fin de año, pero todo esto podría retrasarlo.

-Otro reto será también la logística, ya que habrá que buscar ahora una sala con las características, capacidad y condiciones técnicas para albergar un juicio como éste.

-Ése en todo caso será un problema menor, estoy seguro. Todo el mundo es tan consciente de la trascendencia de este asunto que verá justificada cualquier medida excepcional. En todo caso en una ciudad como A Coruña hay suficientes vías de solución.

-Preocupa el importante volumen de sentencias pendientes. 2007 se cerró con 13.000 penas sin ejecutar ¿Con cuántas ejecutorias acabó 2008?

-No hay un dato concreto todavía para 2008. Eso lo clarificará la memoria pero yo creo que la situación grosso modo se puede considerar estabilizada porque la evolución de entrada de asuntos durante este tiempo no lleva a una conclusión distinta. Las ejecutorias desde hace muchos años siempre han supuesto un problema específico dentro del funcionamiento de los juzgados. Pero la situación está estabilizada.