La Fiscalía mostró ayer su respaldo a la decisión de la jueza de Corcubión de no imputar al ex director de la Marina Mercante José Luis López-Sors por ordenar el alejamiento del Prestige y consideró válido el polémico peritaje judicial realizado por Martín Criado, en el que la defensa y las acusaciones particulares se basan para reclamar la nulidad de sus actuaciones, ya que participó el 19 de noviembre de 2002 en la reunión con López-Sors y otros técnicos en la que precisamente se determinó que la mejor opción era la de alejar el petrolero de la costa gallega.

Estas consideraciones se encuentran entre las alegaciones que el fiscal Álvaro García Ortiz remitió al juzgado para dar respuesta a los recursos presentados por la defensa y las acusaciones particulares. Agotado el plazo, se han formalizado dieciséis recursos, de los cuales seis se resolverán en el Juzgado de Corcubión y los otros diez en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Entre los promotores figuran las defensas de los tres imputados, Nunca Máis, Izquierda Unida, dos cofradías de pescadores, un ayuntamiento y varios perjudicados a título particular. En la mayoría de ellos se discrepa con la decisión de la jueza de exculpar a López-Sors, avalar el alejamiento del petrolero y aceptar como válido el trabajo de peritaje de Martín Criado.

En contra de quienes sostiene que López-Sors debe ser imputado como responsable de la peor catástrofe ecológica de Galicia, el fiscal sostiene que no la juez ha acertado en los motivos para exculpar al ex director de Marina Mercante y que además ha escogido con “coherencia” el momento procesal, en el auto dictado hace diez días, sin necesidad de esperar a la apertura del juicio oral. “Hay datos suficientes en la causa para, desde la objetividad, valorar la no imputación y por lo tanto el archivo de la causa contra el entonces director general de la Marina Mercante”, argumenta García Ortiz.

“La resolución está lo suficientemente motivada de acuerdo con el acopio de material de los autos, y sus deducciones están razonablemente motivadas”, añade el fiscal en sus alegaciones.

Álvaro García Ortiz se muestra especialmente crítico con el recurso presentado por Izquierda Unida, a quien acusa de “ligereza” en las palabras y de un uso “maniqueo” de las pruebas periciales por intentar justificar que la única opción válida era la de llevar el Prestige a puerto.

El fiscal también cuestiona los argumentos del recurso promovido por la defensa del capitán Apostolo Mangouras -uno de los tres imputados-, que reclama la nulidad del trabajo realizado por Martín Criado, uno de los peritos judiciales que justificó el alejamiento del barco, pero que también asesoró al Gobierno en los días en que se tomó la decisión de enviar al petrolero mar adentro.

“En cuanto a la asistencia de Martín Criado a la reunión del día 19 de noviembre de 2002, su constatación, pese a todo el ruido que ha generado, no supone legalmente motivo de recusación o tacha del perito, cuanto menos alegación alguna a la nulidad de las actuaciones”, explica el fiscal.

Añade que su presencia en la reunión es motivo de polémica, pero que su participación no fue ni secreta ni encubierta, pues figura en la documentación del juzgado, y que por tanto el Ministerio Público nada tiene que alegar sobre su papel.

Asimismo, para “evitar nuevas dilaciones” en el juicio, el fiscal García Ortiz solicitó a la jueza que resuelva primero los recursos presentados y que mientras tanto no ordene nuevas actuaciones.

La Fiscalía indicó que si a raíz de los recursos la jueza o la Audiencia de A Coruña decidieran que López-Sors debe figurar como imputado, las diligencias adicionales solicitadas o los escritos provisionales de la acusación carecerían de objeto y deberían ser redactados de nuevo, “pues no sería aprovechable nada de lo actuado, que adolecería de un vicio de nulidad”.

García Ortiz reclama la evaluación de daños de la catástrofe

El fiscal de Medio Ambiente vuelve a solicitar a la titular del juzgado de Corcubión una serie de diligencias que le fueron denegadas en diciembre de 2008. Álvaro García Ortiz hace constar en su escrito, al igual que hizo la Xunta hace cuatro días, su desacuerdo con la decisión de la jueza de cerrar la fase de instrucción sin que “todavía” se haya concluido la prueba pericial “de contenido económico sobre los perjuicios causados por el vertido”.

Para el Ministerio Fiscal, “es necesario” que figure dicha prueba o “al menos un adelanto” para poder poner en su escrito de acusación las bases de la responsabilidad civil y poder determinar los daños, “al menos inicialmente”, a fin de “entender o no” si se trata de “un delito de daño doloso o en su caso imprudente”.

El fiscal considera que si bien la carencia de ésa y otras diligencias “dificultaría” la formulación de su escrito de acusación, lo que resulta “insoslayable” es la falta de toda la documentación relacionada con el pleito que se siguió en Francia, país que se inhibió en 2007 en favor del juzgado de Corcubión. En este sentido, el fiscal hace hincapié especialmente en la pericial encargada por el juzgado francés y los informes meteorológicos, “imprescindibles” para formular su acusación.

García Ortiz también reclama diversa documentación del pleito civil que se sigue en Nueva York, sobre todo la relativa al estado de la estructura del petrolero.