El Pleno del Senado aprobó hoy por unanimidad una moción presentada por el BNG en la que se insta al Gobierno a realizar una revisión exhaustiva del censo de votantes españoles en el exterior (CERA) en enero y a tener preparado para antes de finales de febrero un informe público que contenga las altas y las bajas, así como la causa de estas últimas. Se añade además la exigencia al Ejecutivo de que se preparen informes de este tipo con carácter anual.
Aunque en la moción no se menciona, el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza aclaró que con estos plazos se puede lograr una depuración del censo antes de las próximas elecciones autonómicas gallegas, pero también de las próximas elecciones vascas y europeas. El BNG aceptó una moción del PSOE y rechazó otra del PP, pese a lo cual la iniciativa fue aprobada por asentimiento, es decir, con el acuerdo de todos los grupos.
El debate sirvió también para que Pérez Bouza achacase tanto al PSOE como al PP que desde sus respectivos gobiernos no hayan hecho nada hasta la fecha porque ambos saben que "históricamente el voto de los residentes en el exterior favorece en todos los procesos al partido político que controla el Gobierno". Socialistas y 'populares', por su parte, se acusaron también mutuamente de desinterés por aclarar este censo y de buscar provecho electoral, provecho que a su vez ambos negaron tener.
Al margen de la iniciativa, el senador del BNG aprovechó uno de sus turnos hoy de intervención para referirse a las polémicas palabras de Manuel Fraga respecto a los nacionalistas. "Espero no haber molestado con mi intervención al señor Fraga para que no piense en colgarme, a mí ni a ninguna persona que libremente decida considerarse nacionalista y actuar políticamente como tal", dijo. El asunto había provocado ya al inicio del Pleno un altercado entre ERC y el PP.
Salvaguardar el resultado electoral
Xosé Manuel Pérez Bouza lo calificó de "un problema que afecta al corazón democrático" la situación de este censo de electores, formado por 1,2 millones de españoles, 330.000 de ellos gallegos, el 27 por ciento del total. Según apuntó, se calcula que unas 50.000 inscripciones de gallegos pueden ser erróneas, unas 300.000 en el conjunto nacional.
"Cada día se tramitan unas 27 altas, pero a penas se producen bajas a pesar de la avanzada edad de muchos de nuestros emigrantes", apuntó entrando en los problemas de este censo: fallecimientos o traslados de domicilio que no se registran, personas inscritas más de una vez por problemas ortográficos, etc. El objetivo, resumió, es lograr "un censo que evite el surrealista espectáculo de que puedan votar los muertos".
"La depuración es un paso necesario e inaplazable para unas mínimas garantías de limpieza y transparencia democrática", exigió. "No queremos que el resultado electoral se pueda poner en cuestión", añadió el senador nacionalista, quien insistió en que el pueblo gallego exige que las próximas elecciones autonómicas de marzo se realicen "con la mínima sombra de fraude".
Respuesta de PSOE y PP
La senadora del PSOE Susana Sumelzo compartió el objetivo y el espíritu de la moción, pero rechazó que se acuse a su partido de no tomar cartas en el asunto. "No podemos negar que quizá existan errores en el censo, pero ni el PSOE ni el Gobierno han permanecido pasivos", se defendió. A continuación, explicó su enmienda, para que en vez de "depurar" se hable de "revisar" del censo, "un término más amplio" y sin connotaciones negativas, y también para que el informe de altas y bajas del censo no sea trimestral, como pedía el BNG, sino anual.
"Debemos poner en valor que el BNG ha mantenido a lo largo del tiempo la misma posición, a diferencia de otros grupos políticos que sólo lo hacen cuando no gobiernan", aprovechó además para decir la senadora en referencia al PP.
Corina Porro, senadora gallega del PP, le respondió por su parte que los socialistas están demostrando no tener interés por reformar este censo porque hacen promesas sin emprender ninguna. "No cumplieron", sentenció, para interpretar que esto es lo que ha movido al BNG a presentar la moción de hoy.
La senadora gallega aseguró que no está garantizado el secreto del voto ni la identidad del votante en el exterior y que "en este escenario se va a permitir que se desarrollen" las próximas elecciones gallegas, las vascas y las europeas, por lo que defendió la enmienda de su partido, rechazada por el BNG, para que esa revisión del CERA no se realice en enero sino de forma inmediata. "Es urgente tomar medidas por el calendario electoral", explicó.
Por parte de CiU, su portavoz, Jordi Vilajoana, afirmó que "lo dramático" de este asunto es que se ha plantado ya otras veces, "que otras veces se ha dicho que se va a arreglar y que esto sin embargo no se arregla". "No puede ser que en este país pueda haber 300.000 personas que puedan votar sin identificarse", censuró. Vilajoana aseguró que el informe favorable que acaba de hacer un grupo de senadores sobre las elecciones en Ghana, a las que asistieron como observadores, no podría hacerse sobre el voto de los españoles en el exterior. "Me parece grave", zanjó.
