Discriminatoria y restrictiva. Para PP y BNG, la solución para que los hijos y nietos de emigrantes gallegos logren la nacionalidad no está en la reforma aprobada el viernes por el Consejo de Ministros. Las reclamaciones del Gobierno gallego sobre un reglamento "sin restricciones" que responda a las "expectativas" creadas por el PSOE con su promesa de nacionalizar a los nietos de españoles en el exterior han caído en saco roto. Tras más de un año de discusiones, el Ejecutivo central ha optado por la opción más restrictiva: sólo los descendientes de emigrantes que hayan salido del país entre el 1936 y 1955 podrán acceder directamente a la nacionalidad.
Populares y nacionalistas coinciden al asegurar que esta modificación, incluida en la Ley de Memoria Histórica, es "restrictiva " y "discriminatoria" ya que antepone el derecho a la nacionalidad de los descendientes de quienes emigraron tras la Guerra Civil a los que lo hicieron antes del 18 de julio de 1936 y después del 31 de diciembre de 1955. PP y BNG advierten de que la normativa aprobada por el Gobierno dejará fuera a los nietos de mujeres emigrantes que al casarse con un extranjero perdían la nacionalidad, los descendientes de quienes tuvieron que renunciar a la nacionalidad española para lograr la del país al que emigraron -como es el caso de EEUU o Australia__- y también a aquellos nietos de emigrantes cuyos padres fallecieran sin haber recuperado el pasaporte.
Parches
Para el presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Francisco Ruiz, la única solución pasa por una ley de nacionalidad, ya que, pese a los avances logrados, las últimas reformas del Código Civil y la Ley de Memoria Histórica se han quedado en "parches" que no han dado respuesta a los miles de descendientes de emigrantes que aún no pudieron recuperar la nacionalidad de sus padres o abuelos. A la espera de la publicación en el BOE del acuerdo que desarrolla la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica, los colectivos de emigrantes se muestran cautos ante el acuerdo aprobado el viernes y confían en que la limitación temporal 1936-1955 sólo afecte a los descendientes de exiliados y no a los hijos de padre o madre originariamente español.
Desde Monterroso, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, dio por hecho que el 80% de los descendientes de emigrantes gallegos se beneficiarán de esta reforma. Para Touriño, la instrucción en materia de nacionalidad es una "norma interpretativa", por lo que mañana pedirá al secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, que explique "con todo rigor, detalle y calma" esta reforma, que, aseguró, es necesario abordar "desde el rigor y no desde una lectura rápida".
Pese a que Xunta y PSdeG confían en que la práctica totalidad de los nietos de emigrantes gallegos logren la nacionalidad con esta modificación legislativa, que entrará en vigor el próximo 27 de diciembre, populares y nacionalistas mantienen que una gran mayoría quedará excluida de esta reforma.
"Ésta no es la solución. El problema de la nacionalidad de los nietos no es algo que afecte sólo a aquellos que tuvieron que irse entre 1936 y 1955", sentencia el portavoz de Emigración del BNG, Iago Tabarés. "La interrupción en la cadena de transmisión de la nacionalidad _-añade- es donde radica el problema". Por este motivo, Tabarés atribuye esta situación a la falta de una política clara en materia de emigración por parte del Gobierno. "El Ejecutivo tiene que decidir qué quiere hacer, tanto en el caso de la nacionalidad, como en el derecho de los emigrantes al sufragio activo. Que tenga claro qué quiere hacer y que actúe en consecuencia", concluye.
Mientras, el diputado del PP gallego José Manuel Castelao Bragaña lamenta que la instrucción de la reforma confirme los "temores" que había manifestado su formación: "la reforma de la nacionalidad no alcanzará a todos los nietos de emigrantes". Tras aclarar que está a la espera de que salga publicada en el BOE la resolución detallada con los requisitos, Castelao Bragaña asegura que la modificación evidencia una "limitación de derechos". Ante esta situación, el diputado popular reivindica una "ley que no sea discriminatoria y que alcance a todos". "Se necesita una ley que legisle, no remiendos. Con esta reforma no se va a una verdadera regulación de la nacionalidad", concluye el diputado popular.
