El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, invitó ayer a Cristina Cifuentes a presentar la dimisión tras constatar que hay "graves irregularidades en el proceso" del máster que cursó en la Rey Juan Carlos (URJC), tal como han podido constatarlo los observadores de este organismo.
Fernández fue muy claro: "Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta, no tienen derechos ni obligaciones distintas a los demás, y por tanto los políticos en ejercicio de representación de la soberanía nacional, si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público".
En su opinión es "inaceptable" que algunos políticos "hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española con fines partidistas", una práctica que ha considerado "una mayúscula e irresponsable frivolidad".
Fernández apoyó a la URJC en su decisión de enviar a la Fiscalía el caso después de que este centro de enseñanza superior asegurara haber encontrado "indicios racionales de delito".
"No parece que las notas fueran las correctas, no aparece el trabajo ni parece que se hubiera hecho la defensa" del mismo, lo cual -dijo- es un conjunto de presunciones y de hipótesis que, si fueran confirmadas, supondrían una "grave irregularidad universitaria".
La CRUE desveló además que los profesores implicados en las presuntas irregularidades del máster de Cifuentes no han comparecido en la investigación interna abierta por la URJC, en algunos casos por baja médica a causa de la "ansiedad".
Se trata del catedrático Enrique Álvarez Conde (tutor del Trabajo de Fin de Máster), las docentes Clara Souto (profesora del máster) y Cecilia Rosado (directora del máster en Derecho Público del Estado Autonómico) y la funcionaria Amalia Colange (la trabajadora que entró en el sistema interno para cambiar la nota de no presentado a notable en dos materias del expediente de la presidenta madrileña).
