14 de diciembre de 2017
14.12.2017
Desafío independentista

En libertad el director de Unipost investigado por el 1-O

La Guardia Civil ha registrado la sede de la empresa en L'Hospitalet de Llobregat por el envío del censo del referéndum

14.12.2017 | 20:34
En libertad el director de Unipost investigado por el 1-O

La Guardia Civil ha dejado en libertad al director general de la empresa postal Unipost, Pau Raventós, que había sido detenido esta mañana en una operación para rastrear los gastos de la Generalitat relacionados con el referéndum del 1-O, según han informado fuentes cercanas al caso.

Esta operación ha sido ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, después de que la Guardia Civil denunció en un informe la "opacidad" del gobierno catalán para concretar las cantidades de dinero público efectivas que habían destinado al referéndum del 1-O, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana en su piso de Barcelona al director general de la empresa, Pau Raventós, que posteriormente fue trasladado a la central de la compañía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para proseguir con el registro, que también se ha extendido a la sede social de la compañía, en la calle Mallorca de la ciudad condal.

Raventós fue conducido por la tarde a la comandancia de la Guardia Civil en Travessera de les Corts de Barcelona, donde posteriormente ha quedado en libertad.

En el marco de la investigación sobre los preparativos del 1-O, el juez ha ordenado a la Guardia Civil seguir el rastro de los gastos en los que incurrió el gobierno catalán para la celebración del referéndum, anulado por el Tribunal Constitucional, tras constatar la "opacidad" y las "argucias" usadas por el Govern para cuantificar el dinero público destinado a la votación.

La Guardia Civil intervino el pasado 19 de septiembre miles de sobres con las notificaciones que el gobierno catalán iba a enviar a los presidentes, vocales y suplentes seleccionados para conformar las mesas electorales del referéndum, que se encontraban en un almacén de Unipost en Terrassa (Barcelona), propiedad de Anton Raventós.

De hecho, la Guardia Civil descubrió esta documentación cuatro días después de detectar una reunión que mantuvieron en un hotel de Barcelona el director general de patrimonio de la Generalitat Francesc Sutrias -uno de los detenidos en la operación del 20 de septiembre pasado-, el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el propio Anton Raventós.

En los registros de hoy, los agentes también han buscado pruebas sobre los gastos del Govern para la celebración del referéndum, que hasta ahora no se han podido determinar, más allá de una partida de medio millón de euros en publicidad.

De hecho, el juez recurrió el pasado 23 de noviembre al artículo 155 de la Constitución para pedir en un auto a los ministerios de Economía y Hacienda que dieran las "órdenes oportunas" para que la Generalitat aclarara el coste del referéndum.

El juez ya requirió sin éxito el pasado 30 de octubre a la conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuando su titular Oriol Junqueras ya había sido destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que desglosara el coste del referéndum del 1-O, incluidos los actos de campaña, la estancia de observadores internacionales y el material empleado, lo que incluye urnas, papeletas, sobres y gastos de envío a cargo de Unipost.

Sin embargo, la Generalitat respondió a su requerimiento indicando "el desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto" para el referéndum.

El juez también ha solicitado poder acceder al fichero de titularidades Financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLANC), para conocer las cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de personas físicas y jurídicas relacionadas con las actividades para la preparación y ejecución del referéndum, con el fin de averiguar si la votación se costeó con fondos públicos de forma oculta.

Se da el caso de que la Generalitat ya encargó a Unipost el buzoneo de información institucional de la consulta del 9N de 2014, que también había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, por valor de 240.259 euros.

En el marco de la investigación sobre el 1-O, la Policía Nacional registró el pasado 5 de diciembre la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en búsqueda de información relacionada con la confección del censo de que usó en el referéndum.

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