El juez Pablo Llarena retiró ayer la orden europea de detención contra el expresidente Puigdemont y sus cuatro exconsejeros huidos a Bruselas para preservar la integridad de la causa trasladada al Tribunal Supremo. Puigdemont podrá desenvolverse sin restricciones fuera de España pero se expone a ser detenido de inmediato si regresa al país, donde todavía está en vigor la orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional el 3 de noviembre pasado.
El objetivo de la inesperada medida del magistrado es evitar una resolución de la justicia belga que, al autorizar la extradición de los antiguos miembros del Govern, restrinja las causas por las que podrían ser juzgados en España. Llarena considera que eso rompería la causa contra la cúpula del soberanismo, en la que además de los integrantes del Ejecutivo catalán depuesto figuran los miembros de la mesa de Parlament. Todos ellos están encausados por los delitos de rebelión, sedición y otros conexos como el de malversación y, en algunos casos, el de prevaricación. El magistrado considera que la razón de unificar todo el procedimiento en el Supremo responde a la circunstancia de que se trata de un grupo de investigados por "un delito de naturaleza plurisubjetiva". La posibilidad de que unos fuesen juzgados por la totalidad de los hechos que se les imputan mientras que otros sólo pudieran serlo por los que determinase la justicia belga comprometería, según Llarena, la unidad de la causa y conduciría "el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los mismos partícipes".
Perjuicio a otros imputados
Esta circunstancia originaría un perjuicio a aquellos imputados que fueran juzgados por la totalidad de los cargos y abriría la puerta a reclamaciones por el desigual tratamiento, que podrían terminar en la anulación de las futuras condenas."La depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada", explica el magistrado en el auto emitido ayer, en el que también justifica la retirada de las órdenes europea e internacional de busca y captura de los huidos a Bélgica por una cambio de escenario judicial. Con posterioridad a que se emitieran esas órdenes, "se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable".
Pablo Llarena se anticipa así a los posibles reparos de la justicia belga a extraditar a Puigdemont y sus cuatro exconsejeros por los delitos de rebelión y sedición, que tienen un difícil equivalente en la legislación belga.
La defensa del expresidente catalán anticipaba ya la posibilidad de una situación más benigna en lo judicial para los huidos tras el próximo 14 de diciembre, cuando estaba prevista una nueva comparecencia de los reclamados para resolver sobre su situación.
Con la retirada de la euroorden, Puigdemont dejará de estar sometido en Bruselas "a las medidas cautelares" que le fueron impuestas, como enviar cada día "un correo electrónico antes de las nueve de la mañana informando sobre donde estaría durante la jornada", según su abogado, quien descarta que el expresidente catalán vaya a regresa a España, donde sería detenido y encarcelado.
El soberanismo catalán acogió ayer la decisión del Tribunal Supremo como una derrota anticipada ante la justicia europea. "Es una manipulación judicial más para complicar el regreso del presidente y de los consellers", manifestó la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
