El PSOE suaviza lo que hace apenas unas semanas era un rechazo frontal a que el Gobierno suspenda la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El portavoz de la ejecutiva socialistas, Óscar Puente, rehuyó ayer pronunciarse sobre "escenarios hipotéticos" y eludió hablar de opciones sobre las que "ni siquiera el Gobierno tiene una posición clara".
La postura, sin embargo, ya no es la de rechazo frontal a la medida más drástica de las que dispone el Ejecutivo central para hacer frente al desafío soberanista, tal y como sostenía en julio pasado la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles. Los socialistas fijarán su posición "en función de las circunstancias" y de las medidas que adopte el presidente Rajoy.
"Es oportuno que el PSOE se abra, no ya la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional. No es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío ilegal", afirmó ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en respuesta a la suavización de la postura socialista sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
En línea con el respaldo al Gobierno, Óscar Puente evitó criticar algunas de las acciones adoptadas por el Ejecutivo frente al independentismo para mantener una "posición de Estado". Pese a ello, dirigentes del PSOE reconocen cierto malestar por la decisión de la Fiscalía de investigar a los alcaldes dispuestos a colaborar con la consulta. En el ámbito municipal se concentran ahora las mayores tensiones en torno al proceso soberanista. El portavoz socialista replicó al conseller de Empresa catalán, Santi Vila, quien considera que la presión sobre los alcaldes que se niegan a poner las urnas el 1-O es "perfectamente conllevable".
Puente calificó de "improcedente, intolerable e inadmisible en democracia" que se intente restar gravedad a la situación en que se encuentran algunos los alcaldes, cuyos hijos están sufriendo incluso acoso en los colegios por la posición de sus padres respecto al referéndum, según el portavoz socialista.
Como prueba de las presiones, los concejales de los grupos municipales del PSC, C's y PP del Ayuntamiento de Lérida denunciaron ayer ante los Mossos de Esquadra su aparición en un cartel de Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, en el que se les "señala y amenaza" por no facilitar medios municipales para la consulta soberanista.
Buscar el acuerdo
El conseller Santi Vila pidió ayer moderación para resolver el conflicto catalán. El responsable de Empresa e Innovación en el Ejecutivo de Puigdemont confía en que en los próximos quince días no se adopten "decisiones muy perjudiciales" como sería la inhabilitación de diputados y alcaldes. Pensando ya en el día después de la consulta, Vila se pregunta "¿qué vamos a sacar con la inhabilitación de 72 diputados sobre 135 o la inhabilitación de 750 alcaldes?, ¿vamos a mejorar o empeorar la situación?". A su juicio esa es la "pregunta política" que hay que formular y las inhabilitaciones de cargos institucionales "dificultarán aún más la posibilidad de retomar el diálogo, la negociación y el acuerdo". Vila es el primer miembro del Govern que apunta la posibilidad de recuperar la relación con el Gobierno central.
