El Gobierno dejará de financiar a Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si constata que la Generalitat emplea el dinero para preparar la consulta del 1-O. Y a fin de que eso no ocurra, el Ejecutivo anunció ayer que realizará semanalmente un control preventivo de los gastos.
El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, justificó este robustecimiento de los controles que Hacienda ya puso en marcha en 2015 por "la radicalidad del Gobierno de la Generalitat", que está "en manos de los extremistas más extremistas", y la "sucesión de purgas y dimisiones".
De esta manera, y desde hoy, cuando la decisión sea publicada en el BOE, los interventores de las consejerías y los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, así como el director general de presupuestos y el director general de política financiera, deberán rendir cuentas ante el Ministerio y éste deberá corroborar, como explicó el portavoz del Gobierno, que ningún expediente de gasto ha sido tramitado con vistas al 1-O.
Desde 2012, Cataluña ha recibido del FLA 63.000 millones, y este año la cuantía consignada para la comunidad es de 3.600.
La decisión, admiten fuentes del Gobierno, busca poner en un brete al vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, que es, a la vez, el responsable de la organización y ejecución de la consulta.
Por su parte, Oriol Junqueras, líder de ERC, tiene todas las papeletas para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat, después de vencer en unas elecciones que partidos como C's y el PSC ven muy próximas y en las que todos los sondeos pronostican al PDeCAT un serio batacazo.
El Gobierno está convencido de que el férreo control del gasto impuesto desde hoy a la Generalitat no será ignorado por los funcionarios catalanes, "por la cuenta que les trae", dado que se hacen responsables de lo que firman y podrían enfrentarse a sanciones. Crea "un problema gordo" para Junqueras, aseguran las fuentes del Ejecutivo.
Sin embargo, el "número dos" de Junqueras en Economía, Pere Aragonès, cree que con esta medida el Estado "se atascará". "No pueden hacerlo porque les afecta directamente a ellos. Las reputaciones están absolutamente cruzadas y la lectura que harían los mercados financieros es que el Estado ha dejado de ejercer su responsabilidad", explicó.
Partidos de la oposición como PSC y C's y Catalunya en Comú, la fuerza de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, criticaron la medida porque "no es la solución", es una "coacción" y "un ataque a los derechos nacionales de Cataluña" y de los catalanes.
El Pleno del Ayuntamiento barcelonés evitó ayer posicionarse en contra del 1-O, pese a la advertencia del PSC, socio de Colau, de que dejará de apoyarla si se implica en la consulta. La regidora dijo que no permitirá "la instrumentalización del Consistorio ni por unos ni por otros".
