"No haré nada fuera de la ley, lo contrario que Puigdemont". Así respondió ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los temores expresados por el presidente catalán ante la respuesta que pueda dar "el Estado" a su determinación de convocar una consulta de secesión.
"Haré exactamente lo contrario que el señor Puigdemont, que está liquidando la Constitución española y la ley. Yo no soy capaz de hacer cualquier cosa, sino que sólo soy capaz de hacer aquello que me permite la ley y que creo que es positivo para defender los intereses generales de una mayoría de ciudadanos de Cataluña y de todo nuestro país", dijo Rajoy en una rueda de prensa al término de la cumbre del G-20 en Hamburgo (Alemania).
No obstante, el jefe del Ejecutivo evitó responder si tiene decidido o ha descartado ya aplicar el artículo 155 de la Constitución para forzar a las autoridades catalanas a cumplir la ley: "Soy el presidente del Gobierno y no debo adelantar acontecimientos nunca".
En cualquier caso, sí dejó claro que tampoco va a permitir que se celebre la consulta porque es "absolutamente ilegal" y además no cuenta con el respaldo de ningún miembro "de la comunidad internacional". Dicho lo cual volvió a reclamar al Gobierno catalán "sentido común".
Horas antes, Carles Puigdemont había reconocido que siente "temor" ante la respuesta que pueda dar el Gobierno a su decisión de convocar una consulta de secesión para el 1 de octubre.
Temor y "respeto", agregó, porque "hemos oído en estas últimas semanas que el Estado está dispuesto a todo para parar el referéndum, para evitar que los catalanes podamos votar, y cuando dicen todo quieren decir todo".
En ese "todo", el presidente catalán teme que puedan caber decisiones que a "cualquier demócrata" le pongan "los pelos de punta". Así, Puigdemont recordó que "el Estado tiene a su disposición una gran cantidad de recursos que utilizará contra nosotros", y "no tiene ningún tipo de miramiento".
Según el presidente catalán, "el Estado tiene un enorme poder, incluido un sistema judicial a su disposición que el Consejo de Europa dice que es de los menos independientes de Europa", así como "medios de comunicación públicos en los que la opinión de los millones de catalanes que queremos votar en un referéndum es ignorada o ridiculizada".
