El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer las partidas destinadas en los Presupuestos catalanes a "procesos electorales y consultas populares" para evitar que sus dotaciones puedan ser usadas para la consulta unilateral de secesión prometida para el 1 de octubre.

Las partidas (de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros) ya habían sido suspendidas tras la admisión a trámite del recurso del Gobierno; ahora el Pleno del TC, y por unanimidad, falla que son inconstitucionales, pero siempre que se destinen a la consulta que la Generalitat se propone celebrar el 1-O.

En concreto, la sentencia anula la disposición adicional 40 de la ley presupuestaria catalana, que establece que el Govern, "dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña".

El Constitucional reconoce que la redacción de la disposición citada y la "denominación de las partidas presupuestarias impugnadas es genérica e inconcreta". Y admite, asimismo, que la generalidad de sus rúbricas y contenidos "no permiten identificar qué concretas dotaciones pueden estar destinadas a la financiación del proceso referendario".

De esta forma -razona el ponente de la sentencia, Pedro González Trevijano-, cabe la posibilidad de que las partidas puedan destinarse "a la financiación de procesos electorales" y "consultas no referendarias y de participación ciudadana" que caen dentro de las competencias de la comunidad autónoma. En este caso, añade, las partidas anuladas no tienen "tacha alguna de inconstitucionalidad".

Sin embargo, de la interpretación sistemática de la ley, el TC concluye que el Parlament "ha tenido que incluir dotaciones de crédito en dichas partidas presupuestarias destinadas a la financiación del referéndum sobre el futuro político de Cataluña", según informa Efe.

Mientras, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a propósito de la ley para amparar la consulta secesionista, advirtió que "los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y el equilibrio del Estado democrático". A lo que la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, añadió que el "disparate" legal presentado el martes por el Govern significa que actúa bajo "parámetros absolutamente propios de una dictadura". El vicepresident Junqueras respondió que la legalidad de España no es tal "porque no sigue el mandato del derecho internacional que el propio Estado español se autoimpuso que tenía que cumplir".