El Tribunal Constitucional (TC) anuló parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña, aprobada en 2010 durante el gobierno del tripartito de PSC, ERC e ICV. El TC considera que cualquier norma que regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por ello, nula. El Tribunal ya aplicó este criterio a la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento catalán en 2014, impulsada por la actual mayoría soberanista como soporte de la convocatoria del referéndum de independencia. El ponente de la sentencia, calificada de "extemporánea" por el Gobierno catalán, fue el nuevo magistrado del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado.
