La Fiscalía Superior de Cataluña inició ayer una investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, posibles delitos relacionados con los preparativos del Govern de la Generalitat para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
La Fiscalía anunció la apertura de diligencias a raíz de la publicación de informaciones sobre los trabajos previos a la consulta, que incurrirían "en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional". Como indicio de esos preparativos, el ministerio público alude a la publicidad institucional insertada en el periódico "La Vanguardia", un anuncio sobre el "Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior", y que según algunos partidos, como el PSC, incitaba a participar en el referéndum.
El anuncio forma parte de una campaña institucional de la Generalitat para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema "¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?", junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta "¿Sí o no?".
Tras la aprobación de los presupuestos en el Parlament en una bronca sesión plenaria, el gobierno catalán sacó a concurso público la adquisición de papeletas y sobres ante la posible celebración de elecciones autonómicas en Cataluña en un periodo de cuatro años. El concurso se centra en la compra de sobres, papeletas, un manual de instrucciones para los miembros de las mesas e impresos electorales, todo ello con un presupuesto de licitación de 775.714,26 euros.
La licitación llega en plenos preparativos por parte del Govern para la celebración, como muy tarde a principios de otoño, de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, una cita que la oposición ve inviable y que prevé que acabará derivando en unas elecciones anticipadas antes de finalizar el año.
En una sola sesión de apenas quince minutos de la ponencia para reformar el reglamento del Parlament, JxSí y la CUP resolvieron ayer la propuesta para acelerar los trámites parlamentarios de la desconexión. El objetivo es que esas leyes puedan aprobarse en lectura única. Este procedimiento permite que una ley quede definitivamente aprobada en un único pleno, sin que tenga que pasar por el debate a la totalidad, ni someterse a comisión para que los grupos debatan las enmiendas. JxSí y la CUP pretenden recurrir a esta vía rápida de tramitación para aprobar en el último pleno de la legislatura las tres leyes de desconexión, que son la de la hacienda propia, la de seguridad social catalana y la de transitoriedad jurídica.
Unió, en liquidación
El juzgado mercantil número 4 de Barcelona inició la liquidación de Unió tras constatar que el partido no tiene viabilidad económica, con lo que la formación, socio histórico de la antigua Convergencia, pone fin a 85 años de trayectoria, según reconoce en una carta de despedida el secretario general, Ramon Espadaler.
"La apertura del proceso de liquidación, por razón de quiebra económica y decretada por el juez mercantil, pone punto y final a nuestra trayectoria como partido político", escribió Espadaler en una misiva de despedida a la militancia.
