La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a viajar ayer a Barcelona, cumpliendo su anuncio de tener una presencia constante en la capital catalana. Santamaría proclamó la voluntad del Gobierno de abordar las 45 reclamaciones presentadas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al presidente Rajoy en su última reunión en Moncloa, pero insistió en que "el punto 46", en alusión al referéndum sobre la independencia, no será negociado.
"El punto 46", dijo, "no forma parte del mandato democrático ni de la CUP ni del Gobierno de la Nación", ya que "lo que somos el conjunto de españoles lo decide el conjunto de españoles", advirtió. Santamaría viajó a Barcelona para participar en una reunión preparatoria de la ponencia de Economía y Administración Territorial del congreso que el PP celebrará en febrero. A la cita asistieron, junto a dirigentes del PP y líderes territoriales como el gallego Núñez Feijóo, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
En un encuentro previo con la dirección del PP catalán, abierto a los medios, la vicepresidenta mostró la predisposición del Gobierno y del PP a afrontar en esta legislatura la cuestión territorial y, en concreto, a desatascar el bloqueo de relaciones con la Generalitat.
"El Gobierno lo es de Cataluña, va a estar aquí y hablará con las instituciones catalanas y el conjunto de catalanes. Y procuraremos solucionar sus problemas", manifestó. Sáenz de Santamaría añadió que, además de los 45 puntos sobre los que está dispuesto a dialogar el Ejecutivo, hay muchos "otros problemas" y necesidades de los catalanes que no aparecían en aquella lista de la Generalitat.
"Cuando vengo aquí, nos dicen cosas que importan", sostuvo la vicepresidenta, quien citó entre ellas asuntos que afectan a universidades, I+D+i, centros tecnológicos y cultura. La vicepresidenta resaltó que las instituciones catalanas han recibido desde 2012 hasta 60.000 millones de euros para pagar a proveedores y servicios públicos, un 60% de ellos para sanidad, y añadió que Cataluña "se ha ahorrado 16.000 millones en pagos de intereses para poder invertirlos en necesidades primeras de los catalanes".
Desde la Generalitat, Puigdemont quiso despejar cualquier duda sobre la celebración del referéndum de independencia y aseguró que se llevará a cabo en 2017 "de forma indefectible". Puigdemont salió así al paso de las declaraciones efectuadas el viernes por la presidenta de la Diputación de Barcelona y presidenta del Consell Nacional del PDC (antigua Convergencia), Mercè Conesa, quien admitió que el referéndum "quizá no se podrá hacer" y llamó a ser "realistas".
