El Tribunal Supremo (TS) abrió ayer causa contra la senadora del PP Rita Barberá por un supuesto caso de blanqueo en el que ya está imputado prácticamente todo el equipo de su etapa como alcaldesa de Valencia. Todos los partidos exigieron que Barberá dimita o que Mariano Rajoy la haga dimitir. Y en el PP se alzaron voces presionando y empujando a la exregidora a renunciar al acta.

Con todo, la crítica más severa y más importante, con vistas al futuro inmediato, fue la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien advirtió a Rajoy que si quiere su "apoyo" para otra investidura deberá forzar la dimisión de Barberá, que ayer quedó a un paso de la imputación.

"Si el PP quiere que Ciudadanos se comprometa a alguna investidura, va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá. Si no lo hace, incumplirá el pacto y no contará con nuestro apoyo". Uno de los seis puntos del pacto anticorrupción suscrito por el PP y C's el 19 de agosto dice que ningún cargo público imputado puede ocupar puestos en el Gobierno o sentarse en escaños.

Sin embargo, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se remitió no al pacto suscrito con C's, sino a la postura particular del PP, para advertir que la senadora no tiene por qué dimitir: "Nosotros hemos sostenido siempre que ser investigado no es suficiente para llevar a cabo la exigencia de responsabilidades políticas, sino que es en la apertura de juicio oral cuando se pueden exigir responsabilidades".

Voces críticas

De momento, la dirección del PP deja en manos de Barberá la decisión de dimitir, pero ese compás de espera dictado desde la dirección no evitó que destacados populares reclamaran, de una u otra forma, la renuncia de la exregidora; sobre todo, cuando solo faltan doce días para las elecciones vascas y gallegas.

El expresidente valenciano Alberto Fabra dijo que Barberá "sabe la situación que se crea al partido" tras la decisión del TS y se mostró confiado en que sabrá "estar a la altura".

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, también espera que la dirección nacional tome "la decisión más adecuada" sobre el futuro político de Barberá, pero confió en que ella dimita antes.

La secretaria general, Dolores de Cospedal, espera que la exregidora haga "lo que sea mejor para el PP y para defender su inocencia". Pero, más contundente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, confió en que Barberá abandone de "manera voluntaria" su escaño.

El alto tribunal la investigará, como al resto de su equipo en su etapa como regidora, por un supuesto blanqueo de dinero del grupo municipal del PP a través de operaciones de "pitufeo".

La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como con donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita.

En su auto, el TS considera "imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".

Se trata de aclarar si, bajo la cobertura de diversas aportaciones de asesores y cargos del PP en Valencia de 1.000 euros -que todos los investigados reconocen haber efectuado- se oculta el afloramiento de dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del grupo.

Todo apunta hacia la secretaria del grupo María del Carmen García-Fuster. Pero "María Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada". Además, "ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada", con la que tenía "una relación personal de estrecha confianza".