La corrupción en la política

El juez del caso de los falsos ERE procesa a Chaves y a Griñán por prevaricación

El magistrado rechaza la "ignorancia" aducida por los dos expresidentes andaluces y asegura que ambos conocían las irregularidades y las permitieron

02.06.2016 | 02:22

Los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron procesados ayer por el juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos de la Junta, Álvaro Martín, por los delitos de prevaricación administrativa y malversación -solo el segundo-. El magistrado cierra así la llamada pieza "política" del caso, cuya instrucción ha durado más de cinco años. El delito de prevaricación administrativa no acarrea pena de prisión, pero el de malversación sí. Con el anterior Código, por el que se instruyó el sumario de los ERE, dado que empezó a investigarse en enero de 2011, la pena es de 4 a 8 años.

Entre los 24 procesados por el titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla figuran también los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. El juez imputa prevaricación y malversación a los cuatro últimos.

Chaves y Griñán solicitaron su baja voluntaria en el PSOE, y lo mismo hicieron Zarrías y Vallejo ya el pasado lunes. El código ético del PSOE establece que los afiliados a los que se abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia. Si son condenados en firme, serán expulsados del partido.

Tras conocerse el nombre de los procesados en la pieza "política" del caso de los ERE, el líder socialista, Pedro Sánchez, prometió que su gobierno será el de la "honradez intransigente" y destacó que los dos expresidentes andaluces ya asumieron responsabilidades en junio del año pasado, cuando dimitieron de sus cargos como parlamentarios tras ser inculpados por el Tribunal Supremo, y ahora han pedido su baja temporal como militantes.

En su auto, el juez considera probado que el procedimiento que se siguió para la distribución de ayudas y subvenciones -aplicado entre 2000 y 2011- tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía". Y calcula en 854,8 millones el dinero que por este medio se repartió de forma discrecional o arbitraria.

Sobre Chaves, presidente de la Junta de 1990 a 2009, "concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia", indica el magistrado Martín.

Para el delito de malversación que atribuye a Griñán, el instructor marca "un hito cronológico en el año 2005", cuando la Intervención General de la Junta emitió un informe del ejercicio de 2003 en el que se indicaba se "se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido" para conceder subvenciones. Y razona: "No era posible desconocer los graves hechos que ponía de relieve el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias".

El juez señala que Chaves, "como responsable máximo del gobierno de la comunidad, impulsó la implantación" del procedimiento para la distribución de ayudas, un sistema que "mantuvo" Griñán en su condición de consejero de Economía y Hacienda y, después, presidente de la Junta.

El instructor explica que ambos conocían los mecanismos. De esta manera, los dos actuaron "con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular". Así que asumieron "la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los destinados".

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