David Marjaliza, el conseguidor de contratos de la trama Púnica, desveló durante trece horas de interrogatorio al juez Eloy Velasco el funcionamiento de la red de corrupción que dirigían él y Francisco Granados, sustanciada en el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Esa declaración, hecha en junio de 2015, se conoce ahora, al levantarse el secreto de sumario, y revela pagos a alcaldes de "prácticamente" todos los partidos y financiación de campañas electorales en decenas de municipios de Madrid, informa "Efe".
El conseguidor acusa a Granados, exsecretario general del PP de Madrid, exconsejero de Presidencia de esa comunidad y exalcalde de Valdemoro, de haber ideado varias operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en ese municipio cuando Granados era regidor.
De hecho, el exalcalde de Valdemoro llegó a participar en la empresa de Marjaliza, usando para ocultar su nombre a la mujer de su jefe de gabinete en el Ayuntamiento. El empresario detalla que las "mordidas" del exconsejero oscilaban entre los 3.000 y los 6.000 euros, y que él llegó a acumular "millones" que Granados le ayudó a esconder en Suiza.
Fue también Granados quien le avisó de que le estaban investigando, información que obtuvo de un guardia civil durante una conversación a altas horas de la madrugada en una discoteca de Valdemoro. Le recomendó romper la documentación que tuviera: "Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", confiesa Marjaliza al juez.
Pero la confesión de Marjaliza no se queda en Granados, sino que afecta a decenas de alcaldes y concejales de localidades como Parla, Pinto, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle, Aranjuez, Torrejón de Velasco, Alcalá de Henares, Valdemoro, Móstoles, Getafe, Moralzarzal y Collado Villalba. Varios de ellos anunciaron acciones judiciales.
El conseguidor apunta directamente al socialista Tomás Gómez, exalcalde de Parla y exsecretario general del PSM, y afirma haberle pagado "mítines, banderolas, bebidas, muchas cosas" a cambio de la adjudicación de "seis o siete parcelas" para la construcción de viviendas.
"Número tres"
También señala al "número tres" del equipo de Cristina Cifuentes y actual consejero de Medio Ambiente de Madrid, Jaime González Taboada, entre los supuestos perceptores de comisiones ilegales y le acusa de "mangonear" contratos.
"El que mangoneaba allí era él", sentencia Marjaliza en un momento del interrogatorio, en el que revela un método "no escrito" para cobrar las comisiones: un tercio para los técnicos, un tercio para Granados o la Consejería y un tercio para "los que estaban allí", es decir, los directores generales, "Jaime González Taboada con su gente".
Otra de las implicadas por Marjaliza es la exedil de Valdemoro por el PSOE y posterior diputada de Ciudadanos, Eva Borox, quien, según su versión, cobró de Púnica 30.000 por abstenerse en algunos plenos.
La trama se extendía a la vivienda pública y el empresario asegura al juez que en esa época el 98% de las viviendas protegidas en España se adjudicaban previo pago de comisiones a los ayuntamientos. En estos casos, la red corrupta pagaba "paquetes" de hasta 300.000 euros.
Cuando el "boom" inmobiliario comenzó a tambalearse, la Púnica se reconvirtió y dirigió sus negocios a otras actividades como adjudicaciones de contratos de eficiencia energética valiéndose de la empresa Cofely. La mayor mordida (500.000 euros), afirma el empresario, se la llevó el exalcalde de Parla (PSOE) José María Fraile, al que siguió el de Collado Villalba (PP) Agustín Juárez (algo más de 200.000).
Y la red contribuía a financiar campañas electorales de los partidos, no sólo del PSOE en Parla, sino también, por ejemplo, del PP en Valdemoro, al que el propio Marjaliza adelantó 90.000 o 100.000 euros en la de 2011.
