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El alcalde canario sin ley

Domingo González Arroyo se aferra al poder en el municipio de La Oliva (Fuerteventura) pese a que una sentencia firme le inhabilita para ejercer el cargo

El incombustible y controvertido político Domingo González Arroyo, en su finca de La Oliva. // G. Fuselli

Un alcalde se atrinchera en el Ayuntamiento y se niega a dejar el cargo pese a una condena firme de inhabilitación en su contra. Los funcionarios y la Policía Local no saben a quién obedecer, si al alcalde condenado o al primer teniente de alcalde, que no puede convocar el pleno para ser elegido nuevo regidor porque han cambiado las cerraduras del inmueble que alberga la Corporación municipal. Esta situación esperpéntica no sucede en un país lejano ni es el argumento de una película, sino que sucede en España y en 2016. El episodio se desarrolla estos días en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, y su protagonista principal es Domingo González Arroyo, un político acostumbrado a hacer de su capa un sayo a pesar de haberse visto involucrado en numerosas causas judiciales de las que ha salido indemne... hasta ahora.

Apenas unos días después de tomar posesión como alcalde, en junio, se conocía una sentencia por la cual un juez condena a González Arroyo como autor de un delito continuado de prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde o cualquier otro que sea electo. El origen de esta condena se remonta a denuncias interpuestas en 2001 y 2003 por vecinos y ecologistas debido a la explotación de una cantera situada en terrenos del propio regidor y que, según la denuncia, no contaba con las licencias y autorizaciones para el desarrollo de esta actividad extractiva.

A partir de ese momento comenzó el sainete en el que ha estado envuelto el Ayuntamiento de La Oliva al negarse González Arroyo a acatar la decisión judicial y de la Junta Electoral, alegando que está recurrida. El colmo de esta rocambolesca situación ha llegado estos días con un alcalde aferrado al cargo -algo inédito en España-, funcionarios sin saber qué hacer por si incurren en algún delito y un primer teniente de alcalde, de nombre Pedro Amador, que, pese a ser del mismo partido, se ha visto sin poder convocar el pleno que le designe al frente del Ayuntamiento.

Poco margen de maniobra tienen el resto de los grupos políticos con representación en La Oliva, ya que se trata de un municipio muy fragmentado tras las elecciones municipales del 24 de mayo, de las que salieron seis fuerzas con concejales: Partido Progresista Majorero -la formación de González Arroyo- con cinco ediles; Coalición Canaria, también con cinco ediles; Partido Popular, Votemos La Oliva -la marca de Podemos en el municipio- y el PSOE con tres concejales cada uno, y Nueva Canarias con dos representantes.

Una semana tardó la Delegación del Gobierno en tomar cartas en el asunto con la orden expresa a González Arroyo de desalojar el despacho de la Alcaldía, algo que ya se ha consumado. Nadie se atreve a asegurar a estas alturas que sea el fin político del veterano dirigente, curtido en mil batallas judiciales y políticas desde las postrimerías del franquismo. Con 75 años a sus espaldas, el conocido como "marqués de las Dunas" afirma que aún no está escrita su despedida de la actividad política porque, según le vaticinó su abuela, "estaré de alcalde en La Oliva hasta los 102 años".

Domingo González Arroyo ha ocupado todos los cargos públicos posibles en Fuerteventura. Fue concejal 18 años por el tercio familiar de la época franquista, donde solo votaban los cabezas de familia y las mujeres casadas. Más de 24 años como alcalde de La Oliva con mayoría absoluta; 20 años como consejero del Cabildo Insular, una institución con ciertas semejanzas a las diputaciones provinciales; dos décadas también como diputado en el Parlamento de Canarias, representando a los diferentes partidos en los que ha militado, y cuatro años como senador del PP por Fuerteventura.

Tras la muerte de Franco, González Arroyo se enroló en la UCD y desde entonces ha pasado por el CDS, CCI (partido fundado por el expresidente canario Lorenzo Olarte del naufragio del suarismo), el PP y ahora el Partido Progresista Majorero, franquicia política creada ad hoc para mantenerse en la actividad política.

González Arroyo ha manejado a su antojo tanto los asuntos de La Oliva, un municipio turístico de unos 25.000 habitantes, como los de sus empresas y propiedades, hasta tal punto que nunca se ha sabido a ciencia cierta dónde acaba la gestión política y dónde empiezan sus asuntos empresariales y particulares. Un juez detectó en una ocasión en medio de una investigación sobre González Arroyo que este atesora fincas rústicas, solares, viviendas, una cantera, sociedades patrimoniales, coches y hubo un época en que las dos únicas gasolineras del municipio también le pertenecían. "Yo jugaba con un balón de cuero cuando los demás niños no tenían con qué jugar. No necesito el dinero de nadie. Mi padre me dejó una gran fortuna. Soy el alcalde de los pobres", proclamaba.

González Arroyo se enfrentó siempre con quien osara cuestionarle, pero tuvo su más sonada disputa con el hoy ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, en su condición de presidente del PP de Canarias. El alcalde de La Oliva fue durante varios años líder indiscutible del PP de Fuerteventura y presidente insular de la formación en la isla, pero propició en 2008 una moción de censura en el Ayuntamiento de La Oliva aliándose con el PSOE para desbancar a Coalición Canaria de la Alcaldía, que le había arrebatado el poder. Soria lo expulsó del PP y Arroyo llegó a describir al actual ministro como un político "retorcido, desequilibrado y soberbio, que da patadas a los muebles del despacho".

De traje blanco y contra la minifalda

  • "Domingo González Arroyo ama la política y siente que ha nacido para servir y no para gobernar". Así comienza el perfil del dirigente majorero escrito en la web del partido creado por él mismo a su imagen y semejanza. Tuvo 18 hermanos y también ha sido prolífico en su descendencia ya que ha tenido 12 hijos. Pese a su ideología más bien conservadora presume de su padre, que también fue alcalde de La Oliva por el Frente Popular y que fue sacado a punta de pistola del Ayuntamiento por un piquete franquista.Se siente orgulloso del mote de "marqués de las Dunas" con el que se le conoce. Este sobrenombre no viene precisamente porque heredase un título nobiliario. Es porque cuando era joven iba a los bailes vestido de blanco y presumía de ser más que nadie. La Oliva tiene como referencia turística mundial las grandes dunas de Corralejo, un espacio único que también ha sido pasto de la especulación urbanística y que González Arroyo permitió cuando regía con mano de hierro los destinos del Ayuntamiento de La Oliva. También intentó hacer lo mismo en otra zona turística emblemática, El Cotillo, recalificando buena parte de su costa para construcciones turísticas. Sin embargo, su plan no salió adelante.González Arroyo se ha visto involucrado en numerosas denuncias ligadas al urbanismo, a las licencias municipales y a la mezcla de sus negocios privados con la gestión municipal. Algunas de ellas siguen vivas y pendientes de sentencia.A lo largo de su trayectoria se ha enfrentado con todo tipo de rivales políticos, sociales y vecinales pero quizá lo que le ha acarreado más disgustos ha sido su enfrentamiento con las mujeres. Sin pelos en la lengua, le tachan de "machista" y "misógino". En una ocasión le espetó a una concejala socialista: "No ha nacido macho que me tumbe de la Alcaldía. Esa hazaña solo la puede hacer una hembra virgen y sin desfondar". En los años 90, la candidata de Coalición Canaria a la Alcaldía de La Oliva, Claudina Morales, le arrebató el bastón de mando después de casi un cuarto de siglo en el cargo. Ya en la oposición, González Arroyo criticaba a Morales por ir al Ayuntamiento en minifalda y pantalones ajustados. También se dirigió a la exdiputada de IU Cristina Almeida diciéndole que "si todas las mujeres fueran como ella, yo sería virgen y célibe".González Arroyo fue denunciado en 2011 por su pareja, con la que estuvo unido 21 años, por maltrato psicológico e insultos. El dirigente llegó a ser detenido y el juez sobreseyó la causa por falta de pruebas.Otro lance de este político que ha pasado a la posteridad fue el grabado por un concejal del municipio de Antigua, al que intentó sobornar ofreciéndole "un kilillo" para que apoyase una moción de censura.

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