El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) echó ayer más leña al fuego del enfrentamiento político en la comunidad al imputar al presidente catalán en funciones, Artur Mas, por los delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones, todos ellos derivados de la convocatoria y celebración del proceso participativo del 9-N.
La imputación de Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsejera Irene Rigau llega solo dos días después de las elecciones del 27-S, en las que la lista de Mas, Junts pel Sí, se alzó con el triunfo, aunque no con el número de escaños suficiente para procurarse la investidura sin apoyos de otra formación.
La CUP, el partido que tiene en sus manos la investidura de Mas -que solo necesita el respaldo de dos diputados además de los 62 de Junts pel Sí-, defendió al líder de Convergència (CDC) de lo que consideró "un nuevo ataque contra las instituciones del país por parte de un Estado demofóbico", pero no modificó un ápice su postura, que sigue siendo contraria a facilitar su investidura.
Mas comparecerá ante el juez el próximo 15 de octubre, en la sede del TSJC, para ser interrogado por la querella que la Fiscalía del Tribunal Superior catalán presentó en su contra a finales de noviembre del año pasado por orden del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que un mes después dimitió. Dos días antes que Mas declararán Ortega y Rigau.
Pese a que la querella fue admitida a trámite hace nueve meses, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tuvo reparos en decir ayer que la imputación no fue comunicada antes por la Fiscalía del TSJC para no interferir en las elecciones. Pasados los comicios, sin embargo, el ministro ve "lógico y razonable" que la Justicia siga con sus trámites.
Mas, Ortega y Rigau han sido citados como imputados después que su defensa solicitara, en plena campaña, que el TSJC suspendiera las nuevas diligencias y testificales que la Fiscalía había propuesto hasta que ellos pudieran declarar ante el tribunal.
La condena del presidente por alguno de los delitos de los que se le acusa podría acarrearle una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de hasta diez años; así, por ejemplo, si es encontrado culpable de prevaricación administrativa.
No obstante, Catalá dejó en manos de Mas la decisión de presentarse a la investidura, dado que "la mera imputación no supone una presunción de culpabilidad; al contrario, la Constitución lo que garantiza es la presunción de inocencia".
Mas declarará el día en que se cumple el 75º. aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys, una coincidencia que ayer fue interpretada por las fuerzas independentistas como una provocación del Estado, lo que condujo a la circulación, a través de las redes sociales, de convocatorias de apoyo al líder de CDC a las puertas del Palacio de Justicia.
El anuncio de la imputación llega cuando Junts pel Sí y la CUP se disponían a hablar de la investidura del futuro presidente de la Generalitat, que la formación anticapitalista quiere que sea "de consenso" y con "prestigio internacional", pero no vinculado a los recortes y a la corrupción, con las que identifican a Mas.
La CUP defendió al líder de CDC porque lo único que hizo el 9-N fue "cumplir con un mandato popular de celebrar un referéndum". Pero la imputación no les ha ablandado y en Twitter aclararon: "Algunos confunden la defensa de las instituciones catalanas ante los ataques del Estado con el debate sobre la presidencia. Son planos diferentes".
Sin embargo, convencidos de que al final habrá acuerdo, miembros del futuro grupo parlamentario de Junts pel Sí se reunieron ayer para preparar la negociación con la CUP, que, por su parte, ha iniciado un debate interno para definir su estrategia tanto en lo tocante a la investidura como a la hoja de ruta, una vez descartada la declaración inmediata de la independencia tras la "pérdida" del "plebiscito" del domingo.
