El director de la Policía, Ignacio Cosidó, asumió ayer en el Congreso que hubo "fallos de coordinación a la hora de transmitir las órdenes" frente a los ataques de grupos violentos registrados en la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo, unos errores que provocaron "un número de heridos inaceptable" entre los agentes. Por todo ello anunció la destitución del jefe de las unidades antidisturbios de Madrid, el inspector, Javier Virseda, y la reorganización de estas unidades.

Se trata del tercer mando en el escalafón implicado en los hechos por detrás del jefe a escala nacional de los antidisturbios, José Miguel Ruiz Izgurquiza, y el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, cuya destitución exigían los sindicatos del cuerpo. El sacrificado es Virseda, que apenas llevaba tres meses en el cargo, al que se había incorporado desde su anterior destino en Málaga, de donde lo llevó Villabona.

Estas son las consecuencias de la investigación interna tras unos incidentes que acabaron con 101 heridos, de los cuales 67 eran agentes. Aunque de la actuación policial no se derivan responsabilidades disciplinarias, Cosidó dijo que con la destitución de Virseda se busca restaurar la "plena confianza" de los antidisturbios en la cadena de mando. Una decisión que tanto la oposición como los sindicatos policiales tacharon de insuficiente.

El portavoz socialista, Antonio Trevín, afirmó que con el cese de Virseda "paga el pato un mando menor que pasaba por allí". "Responda usted de sus errores", le reprochó al director general. Muy crítico, tras condenar a los violentos, Trevín consideró que el 22M fue "un ejemplo de irresponsabilidad, falta de previsión y descoordinación" y echó en cara a Cosidó que esté más ocupado por hacer un trabajo "sucio defensivo" en los casos Gürtel y Bárcenas. IU pidió el cese del director de la Policía porque los "errores e incapacidad pudieron haber costado vidas".

Ese día los violentos consiguieron acorralar a un subgrupo de UIP, el denominado "Puma 70", que se quedó aislado a la altura del paseo de Recoletos y fue objeto de la acción de los radicales sin que llegaran refuerzos para auxiliarlos.

Cosidó aseguró que la investigación no ha detectado fallos en el diseño ni el despliegue del operativo -el mayor establecido para este tipo de convocatorias con 1.512 agentes de las UIP y 167 de las UPR-, pero sí "algún fallo de coordinación y comunicación" en el transcurso de los violentos altercados. Fallos que impidieron, añadió, que las decisiones pudieran trasladarse de la forma cohesionada y con la rapidez suficiente al grupo que quedó aislado, lo que "propició que se eliminara su capacidad de anticipación y sufriera un número de heridos inaceptable".

Entre esos errores, Cosidó citó la irrupción de un camión de Bomberos desplazado para apagar una barricada y de cuya presencia no informaron los agentes que debían hacerlo. El vehículo fue utilizado por los violentos como parapeto y partió en dos el dispositivo policial.

Interior ha decidido crear un grupo de intervención inmediata con agentes especialmente cualificados y dotado con vehículos más ligeros para que puedan intervenir de forma rápida ante situaciones de graves disturbios como los del 22M y en apoyo del resto de las unidades. Además se mejorará el equipamiento de cascos, escudos y chalecos antitrauma.