El juez del caso Nóos dictó ayer un auto donde apunta que usará las declaraciones de la renta de la infanta Cristina para investigarla por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. El instructor rechazó que la incorporación al sumario de las diez últimas liquidaciones de IRPF de los duques vulnere el derecho a su intimidad, como mantenía la hija del Rey.
Es un paso adelante del juez en su intención de investigar a la infanta por blanqueo y fraude en el impuesto de sociedades relacionados con Aizoon, la consultora propiedad de los duques. El magistrado ya incluyó en el sumario las declaraciones del IRPF de Urdangarín. Las de su esposa tardarán algunos días en formar parte de la causa.
En medios próximos al caso se pronostica que Castro decidirá formalmente abrir una investigación a doña Cristina, tras consultar a las acusaciones. En ese momento las actas de Hacienda sobre las diez últimas declaraciones de IRPF de la Infanta podrán ser usadas por juez, Policía y acusaciones. Según la Audiencia, existen sospechas de que la hija del Rey usó fondos públicos ganados por Nóos de forma irregular y transferidos después a Aizoon para gastos privados, como la reforma de su palacete u otros fines.
Los duques recurrieron la providencia recabando a Hacienda copias de sus liquidaciones de IRPF. El equipo de abogados de la infanta Cristina puso el acento en la presunta vulneración del derecho a la intimidad de su clienta. Castro argumenta que no existen límites claros del derecho a la intimidad, algo que no ofrece dudas respecto a la inviolabilidad de domicilio o el secreto de las comunicaciones.
Por su parte, la Abogacía del Estado no tiene intención, a pesar del auto de la Audiencia, de acusar a la infanta Cristina de un delito fiscal, ni tampoco de blanqueo de dinero. Así se lo comunicará por escrito al juez, que la pasada semana pidió a las acusaciones que se pronunciaran sobre la posibilidad de perseguir un delito fiscal.
Los servicios jurídicos del Estado, que dirige Dolores Ripoll, seguirán el criterio de los inspectores de Hacienda de que no hay motivos para denunciar a la Infanta por delito fiscal sobre su relación con Aizoon, porque se trata de una sociedad que se nutría casi exclusivamente del dinero que obtenía su marido, aunque ella fuera nombrada secretaria de la empresa.
Por último, Anticorrupción pide al juez que solicite un informe a la Agencia Tributaria de Cataluña sobre las consideraciones que hace la Audiencia de Palma. El ministerio público tiene la intención de guiarse por el criterio que marque la Agencia Tributaria, al estar formada por funcionarios del Estado especializados en impuestos, como siempre que se persigue un delito fiscal.
