Ante el revuelo generado en el resto de comunidades autónomas por la autorización concedida a la Generalitat de Cataluña para aumentar su nivel de endeudamiento este año, el Gobierno ha apostado por abrir la mano y permitir también que otras autonomías lo hagan, siempre y cuando cumplan determinados requisitos. Para enjuagar los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que estableció los límites de endeudamiento, y hacer frente a la rebelión de nueve autonomías –Galicia entre ellas–, el Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido que precisar el alcance del pacto logrado el pasado lunes entre Zapatero y el presidente catalán, Artur Mas, y matizar que a Cataluña solo se le permitirá refinanciar la deuda actual, es decir, renegociar los vencimientos a los que tiene que hacer frente este año por las emisiones de ejercicios anteriores, pero no emitir deuda nueva.

Como prueba de que esta decisión no es un privilegio para Cataluña, tal como entendieron hasta nueve comunidades autónomas y el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno avanzó ayer que también se permitirá refinanciar la deuda a aquéllas autonomías que en 2010 superen el límite del déficit previsto, fijado en un 2,4% del PIB_regional. De momento, solo Castilla-La Mancha y Murcia se encuentran en esta situación, ya que en septiembre ya habían sobrepasado ese nivel de endeudamiento. Pero es posible que cuando se cierre la contabilidad del año, otras autonomías se sumen al grupo.

De hecho, la ministra de Economía, Elena Salgado, aseguró ayer que Murcia y Castilla-La Mancha recibirán el mismo trato que Cataluña y que el viernes el Consejo de Ministros autorizará a Andalucía una emisión de deuda por 1.500 millones de euros.

Para emitir deuda nueva, las comunidades interesadas deberán primero presentar un plan de viabilidad y reequilibrio financiero y demostrar que las medidas de austeridad han dado frutos, así como recortar el gasto público este año un 10% con respecto a 2010. Pero de momento, ninguna comunidad ha culminado aún este trámite.

En todo caso, el gesto del Gobierno con Cataluña ha soliviantado a nueve comunidades autónomas, que interpretan que el Ejecutivo ha bordeado los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se establecieron las reglas para controlar el déficit y satisfacer las exigencias de la Unión Europea.

Así, comunidades de distinto signo político advirtieron ayer al Gobierno de que no están dispuestas a recibir un trato discriminatorio

respecto a las concesiones dadas a Cataluña. Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Navarra, Aragón, Valencia y Cantabria alzaron su voz a lo largo del día contra lo que consideran el trato de favor dispensado a la Generalitat catalana. Y Castilla-La Mancha y Murcia con más razón, porque el Ejecutivo les negó con anterioridad aumentar su endeudamiento, a pesar de que su déficit era similar al catalán.

Así, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), solicitó una reunión urgente con Zapatero para "desbloquear" la autorización de endeudamiento. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, advirtió que no aceptará "ningún tipo de trato discriminatorio" del Gobierno, al que ha exigido igualdad de trato se viva donde se viva, y recordó que la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley.

El Gobierno valenciano, del PP, va a solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir "en un plano de igualdad" sobre los criterios para fijar los límites de endeudamiento de las autonomías. Y desde la Junta de Castilla y León, su vicepresidente segundo, Tomás Villanueva (PP), reprochó que se permitan operaciones de endeudamiento a unos y que se salten las decisiones del CPFF.

En la misma línea se manifestaron el resto de dirigentes autonómicos críticos con la concesión a Cataluña, si bien los de Asturias y Andalucía, ambas del PSOE, expresaron que su convencimiento de que el acuerdo entre Zapatero y Mas no supone la ruptura del principio de igualdad entre autonomías.