La polémica abierta por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al denunciar la falta de colaboración de la Policía en los procesos de impugnación de listas próximas al entorno de ETA, quedó zanjada en pocas horas con un encuentro con el director general de la Policía, Francisco Javier Velázquez.
Esa supuesta falta de colaboración terminó siendo un “pequeño problema procedimental” y una “pequeña descoordinación”, que ya se solucionó y no se va a volver a producir, en palabras del propio Conde-Pumpido y de Velázquez, que pretendían así poner fin al aluvión de críticas que provocaron las denuncias del fiscal.
Ambos coincidían ayer tarde en una conferencia sobre terrorismo en El Escorial (Madrid), poco después de que el fiscal general explicara que, ante la mencionada falta de sintonía, en las diligencias abiertas de cara a los comicios europeos, la Fiscalía sólo pidió informes a la Guardia Civil y no a la Policía.
Según dijo el fiscal general en un desayuno organizado por Europa Press, las demandas de ilegalización contra ANV y PCTV, y las impugnaciones de Askatasuna y D3M en las pasadas elecciones vascas, se tuvieron que fundar en los informes de la Guardia Civil porque la Policía “no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Supremo” y sí las del juez instructor, Baltasar Garzón.
Unas declaraciones ante las que Interior quiso aclarar, a través de una nota de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que los informes de la Policía sobre D3M y Askatasuna se hicieron llegar a la Fiscalía del Supremo a través de la Audiencia Nacional, y además se utilizaron en las demandas de ilegalización.
Defensa de la Policía
En defensa de la actuación policial también salió el “numero dos” de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que advierte de que los responsables del ministerio defenderán a la Policía y a la Guardia Civil de “todos los ataques injustos” que reciban.
Más duros con Conde-Pumpido fueron los sindicatos de la Policía, que llegaron a pedir su cese, tras calificar sus declaraciones de “irresponsables y extremadamente graves”, y solicitando a Rubalcaba que dé la cara y desmienta al fiscal general.
“El señor Conde-Pumpido incurre en una deslealtad de consecuencias imprevisibles”, señala la Confederación Española de Policía (CEP), mientras que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige una rectificación inmediata o su cese “por irresponsable”, y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) denuncia la falsedad de esas declaraciones. También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige la destitución del fiscal general del Estado.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, exige a Zapatero que dé una explicación “ya” por las declaraciones de Conde-Pumpido y considera el asunto “de una enorme gravedad y muy preocupante” .
Exculpa al juez y a la Guardia Civil de la liberación errónea de Bushi
Cándido Conde-Pumpido eximió ayer de culpa al juez y a la Guardia Civil en relación a la errónea liberación del presunto agresor de José Luis Moreno, Astrit Bushi, sobre la que responsabilizó a la Policía a la que culpó por sus errores en la custodia.
Según dijo “cuando algo falla puede haber una concatenación de circunstancias, pero hay una causa eficiente que en este caso es que una persona que abandona una cárcel tiene que volver necesariamente al centro penitenciario llevado por las mismas fuerzas de seguridad a las que le fue entregado”, en este caso la Policía.
“Yo creo que la Guardia Civil aquí no ha tenido responsabilidad alguna, pero indudablemente en la custodia del preso se ha producido un fallo importante”, añadió.
Incluso el fiscal general fue más allá al aportar una novedad al caso. “Según me dicen se produjo un cambio de guardia en los servicios de protección, entre la persona que lo subió a declarar y la que lo bajó, ya que los agentes que recibieron a esta persona no tenían conocimiento de cómo debían de tenerlo porque debería habérseles dado documentación correspondiente de que estaba preso y tendría que ser entregado a la Guardia Civil”, detalló.
A la hora de exculpar al juez, Conde-Pumpido explicó que “él sólo toma una decisión sobre el caso concreto por el que el acusado declara, la condición de preso tiene que figurar documentada y recibida, comunicada por la Guardia Civil a la Policía correspondiente”.
