Dentro de la "estrategia" que hoy aseguró Zapatero que sigue el Gobierno para reducir "la capacidad operativa" de la banda terrorista y su "apoyo social o comprensión" el Ejecutivo instó, a través de la Abogacía del Estado, las sentencias de ilegalización de ANV y el PCTV que el Tribunal Supremo dictó el mes de septiembre para completar el proceso de disolución de ambas formaciones.

En sendos escritos dirigidos a la Sala Especial del 61, los servicios jurídicos del Estado piden también que se disuelva el Grupo Parlamentario del PCTV en el Parlamento Vasco (sin perjuicio de tener en cuenta que dicha Cámara se va a disolver próximamente al convocarse elecciones autonómicas), todos los Grupos Municipales de ANV en los distintos Municipios del País Vasco y Navarra y los Grupos de ANV en las Diputaciones Forales.

Ya el pasado día 10 de diciembre, la Abogacía del Estado había formulado ante el Tribunal Constitucional la correspondiente oposición a la suspensión de las sentencias de ilegalización del Tribunal Supremo que solicitó ANV ante el mencionado tribunal.