La Audiencia Nacional declara a Garzón incompetente para investigar el franquismo

Los magistrados de lo Penal respaldan la decisión del juez de inhibirse a favor de los juzgados de Instrucción territoriales

29.11.2008 | 00:00
Apertura de una fosa en un pozo de Arucas, en Gran Canaria. Los arqueólogos extrajeron ayer los dos primeros cadáveres de los doce encontrados en el interior de un pozo de Arucas (Gran Canaria), uno de los llamados "Pozos del Olvido" de la Guerra Civil, donde se calcula que puede haber hasta 27 desaparecidos de la represión franquista. En la fotografía, la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, muestra una imagen obtenida de los cadáveres encontrados.
Apertura de una fosa en un pozo de Arucas, en Gran Canaria. Los arqueólogos extrajeron ayer los dos primeros cadáveres de los doce encontrados en el interior de un pozo de Arucas (Gran Canaria), uno de los llamados "Pozos del Olvido" de la Guerra Civil, donde se calcula que puede haber hasta 27 desaparecidos de la represión franquista. En la fotografía, la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, muestra una imagen obtenida de los cadáveres encontrados.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró ayer, por catorce votos a favor y tres en contra, que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. No obstante, los magistrados que componen este órgano respaldaron la decisión del juez de inhibirse a favor de los juzgados de Instrucción territoriales, según informaron fuentes jurídicas.
El Pleno -del que discreparon los jueces Clara Bayarri, Ramón Sáenz Valcárcel y José Ricardo de Prada-- rechaza que el delito contra altos organismos de la nación por el que Garzón consideró que las desapariciones y muertes sucedidas durante esa época debían ser investigadas por la Audiencia Nacional pueda ser aplicado a este caso, dado que no existía como tipo penal en el momento en el que se produjeron los hechos.
Los catorce magistrados de la mayoría añaden, además, que dada la condición de las personas a las que podrían imputarse las desapariciones --miembros de gobiernos franquistas y, por tanto, aforados-- su responsabilidad en estos hechos correspondería al Tribunal Supremo.
A pesar de ello, este órgano no declaró la nulidad de las actuaciones adoptadas por el juez central de Instrucción número 5 desde el momento en el que admitió a trámite las denuncias, y defiende que la investigación debe continuar, puesto que los delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero siguen aún vigentes. Es decir, el Pleno deja a salvo el contenido del auto de Garzón del pasado día 18 de noviembre en el que el magistrado remitía la causa a los Juzgados territoriales en los que están situadas las fosas comunes localizadas hasta el momento por las asociaciones denunciantes de los hechos.
En cuanto a la orden de paralizar las exhumaciones autorizadas hasta el momento por el juez, la Sala rechazó los recursos de súplica presentados por las asociaciones personadas, que pedían el levantamiento de esta medida cautelar.
No obstante, dado que los magistrados decidieron no anular la inhibición, las partes podrán continuar pidiendo al juez la apertura de nuevas fosas y éste estará habilitado para trasladárselas a los juzgados territoriales en virtud de las conocidas como diligencias a previsión.
La Sala no contempló la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia al considerar que esta medida debía ser adoptada por cada uno de los jueces por iniciativa propia.
Por otro lado, el juez Garzón remitió a los jueces decanos de Badajoz, Cáceres, Navarra y León las peticiones de apertura de fosas que le hicieron las asociaciones de Memoria Histórica en la causa en la que acordó investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.

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