Pensionistas de toda España están llamados a manifestarse mañana sábado 17 de marzo en defensa del sistema público y contra la subida de las pensiones del 0,25%. Es un colectivo que pocas veces se ha prodigado en la calle. Pero, cuando se ha movilizado, se han hecho notar.

La movilización de los pensionistas en la calle que ha sorprendido al Gobierno ha acabado por precipitar el debate sobre el sistema público de pensiones. El modelo actual de la Seguridad Social no parece tener capacidad para garantizar el pago de la nómina a medio plazo, tal y como ahora se calculan las prestaciones, lo que aboca a recurrir a los impuestos o a una nueva reforma. Su planteamiento es muy claro: quieren que las pensiones vuelvan a revalorizarse según la revolución de los precios y no con el cálculo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y entró en vigor en 2014.

Las pensiones volvieron ayer al Congreso de los Diputados con un debate en el que la mayoría de la cámara aprobó una proposición para exigir al Gobierno que derogue de forma inmediata el llamado "factor de sostenibilidad", un mecanismo incluido en la reforma de 2013 del sistema público y que a partir de 2019 ajustará el importe de las pensiones de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida en España. Esto es, en la medida en que esa esperanza aumente, las pensiones iniciales se reducirán. Los expertos han estimado que la merma en 2019 puede moverse entre el 0,5% y el 1%.

El decreto que permitirá a partir del año 2025 recuperar, sin limitaciones, las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones, así como los rendimientos generados, plantea importantes modificaciones en la agenda de las prestaciones tras su aprobación en Consejo de Ministros.

La subida de las pensiones, no afecta a la mayoría de gallegos

Con la opción casi descartada de que las pensiones se anoten incrementos similares a los del IPC, las posibilidades de subidas superiores al 0,25% quedan restringidas para pequeños grupos. Es el caso de las viudas con prestaciones más reducidas y de los pensionistas que perciban lo mínimo fijado por ley, aunque en ambos casos estas medidas no entrarán en vigor hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y, en todo caso, solo tendrán efecto en 314.282 de las 760.523 pensiones existentes en la comunidad: un 41,3% del total. Menos de la mitad.

El estallido de la crisis y la grave destrucción de empleo aceleraron la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones en España. A partir del 2012, el Gobierno de Rajoy empezó a utilizar el fondo de reserva de las pensiones para sufragar el déficit. Desde ese momento, la hucha de las pensiones no ha dejado de vaciarse para pagar las extra de Navidad y verano a los más de 8 millones de pensionistas.