Los pensionistas vieron cómo en 2017 sus pagas se elevaban el mínimo legal -un 0,25%- por cuarto año consecutivo. Esta subida, insuficiente para presevar el poder adquisitivo ante unos precios que en Galicia subieron ocho veces más (un 2,1%), se ha topado con la oposición frontal del colectivo que considera que tras un lustro con las prestaciones casi congeladas, es hora de aplicar unas mayores subidas. Los pensionistas se movilizaron a lo largo de todo el país en unas protestas multitudinarias para reclamar una "pensión digna" y abarrotaron las plazas de ciudades como Vigo, Pontevedra o A Coruña y de concellos como Tui o Cangas.
Los jubilados gallegos ven insuficiente la tímida subida del 0,25% que, además, se aplica sobre unas pensiones que se sitúan en el furgón de cola de España. Los 673.092 pensionistas gallegos perciben, de media, unos 786,7 euros al mes. Tan solo en Extremadura, con 773,1 euros, cuentan con unas pagas más reducidas. De hecho, las pensiones en Galicia son un 15,4% inferiores a la media estatal (de 930,3 euros al mes) y un 31,9% menores que los 1.155,2 euros que gana al mes un pensionistas vasco.
Las mayores concentraciones de gente se registraron en ciudades como Bilbao o Madrid. El cordón policial previsto frente al Congreso de los Diputados por la Policía Nacional, que rodeaba con agentes y vallas de seguridad la concentración, se vio desbordado ante la masiva afluencia de miles de jubilados que llegaron a bloquear la entrada a la Cámara Baja.
Las entidades organizadoras de la concentración, entre las que se encuentran los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y UGT, registraron en el Congreso un escrito en el que demandan "romper el bloqueo político de PP y Ciudadanos" para cambiar la legislación de pensiones y garantizar que estas no pierden poder adquisitivo. Además, exigen que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social y el pago de las prestaciones a los 8,7 millones de españoles cobran actualmente una pensión, de los cuales dos tercios (5,7 millones) se corresponden a prestaciones por jubilación.
Novedades al Pacto de Toledo
En paralelo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, mostró ayer su convencimiento de que la Comisión del Pacto de Toledo -donde los partidos políticos discuten propuestas para afianzar el sistema de pensiones- logrará un acuerdo "de aquí a la primavera". Báñez, que insistió en que es la creación de empleo la que garantiza el futuro de las pensiones y que rechazó el retraso de la edad de jubilación a los 70 años, prevé que salga "adelante" la propuesta del PP de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral para quienes tengan carreras de cotización de 38 o más años, pudiendo incluso descartar algunos de sus peores años de cotización, y aclaró que esta medida se aplicaría a los nuevos jubilados.
