El 66% de la población española tiene edad de trabajar, una proporción que en Galicia está tres puntos por debajo. Pero dentro de 50 años solo la mitad de los gallegos serán activos; el resto engrosarán el cómputo de dependientes, que son aquellos grupos de edad que o no se han incorporado al mercado laboral (menos de 16 años) o lo han abandonado ya (más de 67). Es la proyección que dibuja la Comisión Europea en su Ageing Report, según el cual, con 89,1 años, España tendrá la mayor esperanza de vida de Europa. Por eso la población pensionista ganará cada vez más peso no solo a nivel demográfico, sino como dinamizador del consumo interno y motor de crecimiento económico y empleo. El problema es que este colectivo tendrá cada vez menos poder adquisitivo como resultado de las dos reformas acometidas en el sistema público de pensiones y de la precarización del mercado laboral. En 2070 la paga pública de los nuevos pensionistas gallegos (al margen de otros sistemas de ahorro privados) no superará los 600 euros.
A día de hoy la tasa de reemplazo (la proporción de paga en relación con el último salario) es del 81% en España (82%, según la OCDE). Las últimas altas que se produjeron en Galicia en el sistema público de pensiones lo hicieron con una paga media de 979,16 euros; con una tasa de reposición del 48,6% del último salario, la paga promedio se quedará por debajo de lo que antes eran 100.000 pesetas. Menos del salario mínimo. En el caso de las pensiones de jubilación, y en un supuesto de que el deterioro del mercado laboral no afectase a los salarios futuros, en el mejor de los casos la pensión pública apenas superaría los 730 euros mensuales. Que es improbable, porque Bruselas también prevé que el empleo crezca por debajo del 0,5% al año en las próximas décadas. Un escenario desalentador que choca con una buena noticia: cada vez viviremos más y, también, la esperanza de vida centenaria está más al alcance de la mano.
Esta variable, la del envejecimiento de la población, es lo que empezará a impactar de lleno en las futuras pensiones a partir de 2019. Es el llamado factor de sostenibilidad: para el cálculo de la primera paga no solo se tendrán en cuenta los años y bases de cotización, sino la esperanza de vida prevista en ese momento (se cumpla o no). Esto es, se cobrará menos al mes pero durante más años. Y según la Comisión Europea los españoles vivirán 25,6 años después de su jubilación. Las mujeres sobrevivirán 27,6 años después de su retiro; los hombres, 23,9. Y durante ese tiempo cobrarán una pensión pública, que será cada vez menos cuantiosa para cuadrar las cuentas de una Seguridad Social que no ha salido de números rojos a pesar de la vanagloriada recuperación económica.
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De hecho la depreciación de las pagas públicas ha llegado para quedarse, sobre todo por la pérdida salarial que sufrieron los trabajadores en sus últimos años como cotizantes debido a la recesión. Los jubilados que se dieron de alta en diciembre ingresaron de media 1.239 euros como primera paga, once euros menos que los que se retiraron en 2016 (si se multiplica por catorce, es una pérdida de 154 euros), y 22 por debajo que los que hicieron lo propio en 2015 (con 308 euros anuales de perjuicio). A esto se suma el índice de revalorización, del 0,25%, que está muy por debajo del coste de la vida (IPC) y que fuerza a los pensionistas a encadenar meses de pérdida de poder adquisitivo.
La "sangría" de las reformas: 350 euros menos al mes para comprar
- Los pensionistas que se jubilen hoy perderán una media de 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su retiro como consecuencia de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, con las que se retrasó la edad de jubilación a los 67 años, se cambió la forma de revalorización de las pensiones y se introdujo el llamado factor de sostenibilidad, entre otras medidas. Así lo refleja un estudio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) presentado ayer en la sede de Unespa y realizado por encargo de la Asociación Empresarial del Seguro. En el informe se advierte de que la reducción de las pensiones públicas de los jubilados, de no compensarse con ahorro privado, implicaría un efecto negativo en el conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de trabajo. Ello equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un 3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.
