El largo periodo de crisis no se sacó de la manga las desigualdades económicas en el país. Venían de serie. Sí provocó el parón de la actividad, con el desempleo disparado en récords históricos y la fuerte merma salarial, un azote generalizado a toda la sociedad, especialmente a los que ya lo tenían peor antes, que agravó la brecha social. Las políticas públicas se convirtieron casi en la única arma posible para atajar el avance imparable del riesgo de pobreza y exclusión. ¿Tienen tanto poder sobre el día a día de los ciudadanos, sobre sus necesidades materiales? Sí. La capaciad redistributiva de los ingresos y gastos de las administraciones recortan un 39% la diferencia de rentas en la población española, según un novedoso informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Galicia ronda esa misma reducción de las desigualdades. Un poco más, el 40%, con la sanidad y la educación como las herramientas más redistributivas. El acceso a amabos servicios públicos ayuda el triple que las prestaciones económicas a equilibrar el reparto de la riqueza.
A favor de Galicia juega que no está entre los territorios con más desigualdad entre los ciudadanos antes de ver cómo ayudan las políticas públicas a amortiguar la situación. El índice Gini -va de 0 (todos con los mismos ingresos ) a 1- se sitúa en la comunidad en el 0,36367. Hay nueve comunidades con un mayor desajuste, Andalucía a la cabeza (0,38653), y en el conjunto del Estado alcanza el 0,37368.
Sin el pago de las pensiones, la desigualdad en Galicia aumentaría hasta el 0,3696. De cada 100 euros redistribuidos, el pago de las nóminas a jubilados, viudas o incapacitados suponen 4,4 euros. El resto de gasto social concentra 7,36 euros. Otros 8,1 euros vienen por as prestaciones de desempleo. Las cifras suben hasta los 27,3 euros en a educación y más de 38 desde la atención sanitaria.
IVA e Impuestos Especiales tienen un efecto negativo porque son los mismos para todos y aunque su recaudación financia servicios públicos, directamente no redistribuyen los recursos. A diferencia del IRPF, que sí se paga en función de los rendimientos del trabajo y el capital de cada contribuyente: 24,42. Similar es el caso de las cotizaciones sociales, más altas en sueldos elevados: 14,09.
La disminución de las desigualdades gracias a las políticas públicas alcanza el 66,4% en Cantabria, según el análisis del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. En Asturias llega al 50%; al 48,6% en Canarias; y el 45,2% en Extremadura. Los territorios donde se notan menos o existe menos desigualdad de rentas de partida son Aragón (34,5%), Murcia (33,1%) y Baleares (24,5%).
En el 40% de corrección de la brecha económica de la población gallega, el peso definitivo está en la sanidad, que por sí sola contribuye a bajarla un 15,2%. Le sigue la educación, un 10,9%. A continuación están el IRPF, con un 9,8%, y las cotizaciones sociales (5,6%). Las prestaciones por desempleo ayudan en un 3,2%; el 2,9% el gasto social; y un 1,8% las pensiones, el porcentaje más alto de todo el país. El IVA y los Impuestos Especiales suman un efecto a la baja del 9,5%.
