13 de enero de 2018
13.01.2018

La justicia avala las indemnizaciones millonarias a la antigua cúpula de Abengoa

El Fiscal solicitaba cinco años de cárcel para el expresidente de la empresa

13.01.2018 | 02:06

La Audiencia Nacional absolvió ayer a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega -de cerca de 11,5 millones en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo-, ya que estas se adecuaron a la normativa legal y, por tanto, no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana, según concluye la sentencia.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dictaminan que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos del 23 de febrero de ese año fueran elaborados para favorecer "improcedentemente" al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número dos, puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.

El Ministerio Público había solicitado cinco años de cárcel para Benjumea, cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado y cuatro años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal.

Esos contratos, según explica el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía intervinieran en su redacción. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran "torticeramente" al informar favorablemente sobre el reconocimiento de los términos económicos para Benjumea y Sánchez Ortega.

La Sala va más allá asegurando que se descarta "cualquier modo de confabulación" para que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 "se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones".

En relación a Felipe Benjumea, se determina que su cese como presidente de la entidad y renuncia como consejero "obedeció a razones objetivas y externas a él", en referencia a la condición "indispensable" impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado.

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