En Galicia hay más de 360.000 hogares que subsisten únicamente con algún tipo de prestación pública, sobre todo de jubilación y viudedad. Representan más de 34% del total. A menos que dispongan de algún sistema privado de ahorro, sus ingresos están sujetos a dos condicionantes externos: la inflación (que resta o suma poder adquisitivo) y las decisiones políticas (que revalorizan las pagas por encima o por debajo de lo que sube la inflación). Si el INE confirma que el IPC cerró diciembre en el 1,2%, y teniendo en cuenta que las pensiones solo crecerán el 0,25%, más de 700.000 gallegos perderán un punto de poder adquisitivo este año. Pero hay más, porque la crisis agregó un tercer factor: el de la erosión del mercado laboral. La destrucción de empleo y la devaluación salarial ha provocado que la mayoría de los trabajadores que se jubilan ahora cobren menos que los que lo hicieron hace un año. Y eso pasó en Galicia en el caso de todas las pensiones.
Por ejemplo, los jubilados que se dieron de alta en noviembre de 2016 percibieron una paga de 1.161 euros; los que lo hicieron el mismo mes de 2017 cobraron 12 euros menos. Si se multiplica el cálculo por 14 (las nóminas a las que tienen derecho al año) la pérdida roza los 170 euros. Y sucedió lo mismo con las de viudedad: en 2016 las pensiones de alta ascendieron a 583 euros, 17 más que las abonadas el pasado noviembre (último mes del que hay datos disponibles). En este último caso la pérdida es de casi 240 euros anuales; para las de orfandad y favor familiar, de 28 y 84 euros, respectivamente. En el conjunto del Estado no se repitió esta situación y las únicas pensiones que se han depreciado en este aspecto fueron las de jubilación (308 euros menos al año para los recién dados de alta) y las de favor familiar (28 euros anuales menos).
Este escenario es consecuencia de esa devaluación salarial experimentada durante la crisis por medidas de ajuste interno -bajadas de sueldo en las empresas- o por despidos. En 2008, y de acuerdo a los datos oficiales de la Agencia Tributaria, los ingresos declarados entre los cotizantes de mayor edad (desde 55 años) ascendían a 22.655 euros al año, pero casi una década después los empleados de la misma quinta ganaban 22.119 euros anuales. Y esos menores ingresos son los que repercuten en las pensiones públicas de jubilación y viudedad, vinculadas en este último caso a la base reguladora del cónyuge.
Para las viudas, además, la medida lanzada por el Congreso para elevar la base reguladora al 60% -este año se quedará en el 53%- deja fuera a siete de cada diez perceptoras en Galicia (130.000). Las gallegas perciben la paga de viudedad más baja de España: 550 euros al mes de promedio. Esta situación ha puesto en pie de guerra a colectivos como la Asociación de Viudas Demócratas de Vigo, que aseguran que "muchas mujeres están pasando necesidad". "Que este país, creciendo al 3%, siga demorando la subida de las pensiones ya no es un error, sino una inmoralidad", condena su presidenta, Carmen Rodal.
Aunque en 2017 la Seguridad Social ganó en Galicia 21.713 cotizantes, la comunidad continúa muy lejos de los objetivos de sostenibilidad del sistema. Hay menos de 1,3 afiliados por cada pensionista, un umbral que solo es más bajo en Asturias (1,2). Los expertos consideran que el límite saludable es disponer al menos de dos cotizantes por pensionista, porque además de la gente que se ha jubilado el Estado sufraga también las prestaciones de otros 1,9 millones de personas que no tienen trabajo. Si se tuvieran en cuenta los subsidios, en Galicia habría solo 1,1 afiliados por perceptor de algún tipo de prestación del Estado. La heterogeneidad de cada provincia arroja datos más significativos. En Ourense, marcada por el envejecimiento de la población y el éxodo a la costa atlántica gallega, hay 7.044 pensionistas más que afiliados a la Seguridad Social.
