La sostenibilidad del sistema español de pensiones y la necesidad de reformarlo son dos debates constantes en los últimos meses y distintos expertos y representantes políticos apuntan la necesidad de pagar algunas prestaciones vía impuestos para aliviar las cuentas de la Seguridad Social. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se mostró ayer partidaria de esta opción -hasta ahora el Gobierno no había sido muy claro al definir su postura sobre la materia- al señalar que los presupuestos deben financiar de forma paulatina partidas o prestaciones que no están vinculadas directamente a las pensiones.
La también máxima responsable de la Seguridad Social defendió, en declaraciones informales a los periodistas tras el acto de conmemoración del 39 aniversario de la Constitución, que la sostenibilidad del sistema de pensiones está garantizada y que el 70% de su déficit proviene de la destrucción de empleo durante la crisis. Sin embargo, reconoció la necesidad de obtener más recursos.
En cuanto a la financiación vía presupuestos, Báñez indicó que la Seguridad Social paga cerca de 40 prestaciones de diferente naturaleza y abogó por avanzar en ese camino de abonarlas con cargo a los Presupuestos Generales, en la línea del debate actual de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. Precisamente, entre las opciones planteadas por distintos economistas, sindicatos y políticos está sacar algunas pensiones -muchos de ellos apuntan a las de viudedad- del sistema de la Seguridad Social y abonar estas prestaciones con cargo a las cuentas públicas. Una opción que, hasta el momento, el Gobierno ha rechazado.
