Un "engaño total". Así define el secretario general de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA Galicia), Lisardo Domínguez, la nueva ley de autónomos aprobada en el Congreso y en vigor desde el pasado jueves. Porque la letra pequeña de la normativa, que sí recoge en gran medida aspiraciones históricas de este colectivo (bajas por maternidad y paternidad, accidente in itinere, extensión de la tarifa plana...), esconde una sorpresa desagradable. Hasta ahora los autónomos podían desgravarse el 30% de los gastos corrientes de la vivienda donde tengan su domicilio a efectos fiscales y donde, en la mayor parte de los casos, disponen de un espacio para desempeñar su trabajo. Pero la ley, lejos de este porcentaje, solo permitirá ahora una desgravación del 9,5%, según los cálculos de Domínguez. "Han hecho lo que han querido y nos lo han colado", lamenta.
Por ley los autónomos pueden establecer que dedican un 30% máximo de su vivienda habitual a tareas propias de su trabajo (desde un taller a un espacio para elaborar facturas). La nueva normativa estipula que podrán deducir un 30% de ese 30%: esto es, menos de un 10% de los costes corrientes de la vivienda. "Es una miseria". La ley 6/2017 dice textualmente: "En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, [podrán deducir] los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total". Por ejemplo, para una vivienda de 100 metros cuadrados, el trabajador autónomo solo se puede aprovechar de una deducción de 30 metros cuadrados. Esta nueva ley limita las desgravaciones a un 30% de esos 30 metros. "Cuando advertimos esa redacción se lo trasladamos", ahonda Domínguez. Pero no se cambió. Entre los colectivos de autónomos lamentan que no haya habido "unidad de acción" y temen que un retraso en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 paralice la implantación del grueso de medidas que componen la norma.
"Ejemplo de consenso"
Al margen de esta polémica, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, puso ayer esta nueva ley (aprobada por unanimidad) como ejemplo de que es posible alcanzar el consenso parlamentario, aún partiendo de posiciones diferentes, y ha asegurado que la Legislatura "se debe construir pacto a pacto". En la clausura de los premios anuales que otorga la asociación de trabajadores autónomos ATA, la ministra incidió en que los grupos parlamentarios han sido capaces "de aparcar sus diferencias para dar prioridad a lo importante" y asegurar la protección social de los autónomos, razón por la que son merecedores del Premio Autónomo del año que entrega ATA.
De hecho el premio recayó en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, donde se gestó la Ley de Autónomos que ahora critican colectivos como UPTA. Báñez ensalzó además a los trabajadores por cuenta ajena, ya que son "los verdaderos responsables de la recuperación económica" al ser cerca de 4 millones de autónomos de los que dependen más de un millón de trabajadores asalariados. Para la ministra la morosidad es "el gran obstáculo para que los emprendedores sigan creando riqueza y empleo", y destacó el compromiso de las Administraciones con esta problemática al reducir sus periodos de pagos de 162 a 54 días gracias al plan de pago a proveedores.
