El presidente de Nueva Pescanova SL, Jacobo Fernández-Robatto, estaba dispuesto a tender la mano a la antigua matriz para que nada quitase lustre a la ampliación de capital del grupo pese a que la vieja Pescanova había amagado una y otra vez con querellarse contra la operación. Accedería, según fuentes del grupo, a concederles una prórroga para que fuesen los accionistas (casi todos minoritarios) los que escogieran entre verse diluidos al 1,6% del holding o retener algo más del 3,5%. Pero la antecesora del grupo pesquero no solo ha mantenido erguida el hacha de guerra, sino que propugna ahora una denuncia contra Nueva Pescanova y siete bancos (Sabadell, CaixaBank, Popular, Abanca, Bankia, BBVA y UBI) por entender que han atentado contra su viabilidad. La prórroga le permitiría celebrar una junta de accionistas y votar después el aumento de capital, pero las opciones de que la oferta de Robatto se mantenga son escasas. El próximo viernes, 24 de febrero, expira el plazo para notificar una decisión a la pesquera.
Pero la antigua matriz no consultará a sus socios hasta el 22 de marzo, como notificó ayer a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Desde el holding no concretaron, a preguntas de FARO, si el exbanquero permitirá que la vieja Pescanova se podrá adherir a la operación después de esa fecha. "Todavía no nos han contestado", señalaron fuentes de la segunda, que añadieron que "en el caso de que no quieran concedernos la prórroga será porque no quieren, no porque no haya tiempo". A juzgar por la orden del día de la asamblea, la estrategia de Pescanova SA es la de rechazar acudir a la ampliación porque, si se revierten dos acuerdos, no hace falta canjear 340 millones de deuda por acciones, como está previsto y aprobado por el consejo del holding.
Las demandas
La primera tiene que ver con el controvertido crédito supersenior de 125 millones, que conllevaba un sobrecoste (se le llamó deuda adicional subordinada) de 300 millones. Se diseñó como una contraprestación para que los acreedores salvasen las filiales españolas en concurso, sobre todo las antiguas Frinova y Bajamar Séptima, porque rebajaría la quita de 1.860 a 1.560 millones de euros. El consejo de Pescanova SA plantea la posibilidad de emprender una "acción de nulidad" sobre el supersenior que, estima, le permitiría automáticamente mantener el 20% de Nueva Pescanova. De perder la demanda el coste sería al menos de 800.000 euros. Con esta acción retendría una quinta parte del accionariado sin coste porque la antigua matriz no desembolsó los 7,32 millones fijados en 2015 para alcanzar la cuota que ostenta a día de hoy.
La segunda vía (el consejo plantea incluso lanzar las dos a la vez) pasa por impugnar parte de las cuentas anuales de 2015 de Nueva Pescanova, en las que realizó un deterioro de 151 millones sobre los activos de forma "improcedente" y que "no se justifican a las luz de las previsiones económicas" del plan estratégico a 2020. Con la eliminación de este ajuste, cree la vieja Pescanova, ya no haría falta la capitalización y, también, se quedaría con el 20% del grupo.
Cualquiera que sea la decisión de los accionistas (es previsible que el fondo Broadbill presente una orden del día alternativa, al igual que en la junta de septiembre), será el último cónclave que cuente con la presencia de los actuales consejeros. Fernando Herce (Iberfomento), Diego Fontán (Crisgadini, firma patrimonial de Carolina Masaveu), Alejandro Legarda (independiente) y Carlos Sanz (minoritarios) dejarán sus cargos. Solo el primero de los fondos entró en Pescanova antes del preconcurso y ha tratado de minorar las pérdidas de su inversión a través de la Audiencia Nacional, donde los socios críticos creen que es el "único lugar" donde recuperar el dinero. "Lo que hay que decir a los socios históricos es que se están comprando acciones a un céntimo porque no va a volver a valer 17. A partir de ahí -zanjan-, a recuperar lo que se pueda".
