27 de noviembre de 2016
La sostenibilidad del Estado de bienestar

El futuro de las pensiones, en muletas

La crisis económica acelera las dificultades financieras del sistema pese a las duras reformas de 2011 y 2013 y fuerza nuevos cambios para encarar el desafío del envejecimiento

27.11.2016 | 04:55
El futuro de las pensiones, en muletas

El artículo 50 de la Constitución española establece, al regular los principios rectores de la política social y económica, que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Así que, conforme a la norma fundamental, no debería estar en duda que el pago de las nóminas de los pensionistas actuales y de los futuros está asegurado por ley. ¿Lo está de manera efectiva cuando la Seguridad Social va a encadenar otro año con déficit récord (por encima de 18.000 millones en 2016) y el Fondo de Reserva (la "hucha" para tiempos de dificultad) se agotará fines de 2017?

Gobierno, partidos, sindicatos y otras instituciones representadas en el Pacto de Toledo (gran acuerdo nacional sobre las pensiones que data de 1995) y economistas de las distintas corrientes de pensamiento están coincidiendo en que esa pregunta tiene dos respuestas: por una parte, los ocho millones de pensionistas españoles actuales (entre ellos 756.000 gallegos) pueden estar tranquilos, porque el sistema sigue siendo sólido actualmente pese a sus "números rojos" y en la medida en que la deuda y los riesgos están cubiertos por el Estado español; por otra parte, el hecho de que la Seguridad Social haya encadenado seis años de déficits (desde 2011) es visto como una evidencia de que son inaplazables nuevas reformas para restablecer el equilibrio financiero a corto plazo y para blindar las pensiones en el horizonte de los próximos cuarenta años, cuando se esperan los episodios más críticos asociados al envejecimiento demográfico.

Serán esas las décadas en las que accederán a la jubilación las generaciones del "baby boom" (nacidos en los 60 y 70 del pasado siglo) al tiempo que, salvo que se produzca un nuevo fenómeno de inmigración masiva, la población española en edad de trabajar descenderá como consecuencia de la baja tasa de fecundidad (1,3 hijos por cada mujer en edad fértil, la mitad que en 1976). Es lo que algunos autores han descrito como la amenaza "implacable" de la demografía y que otros (como el economista y ministro de Trabajo con el PSOE Luis Martínez Noval, fallecido en 2013) han relativizado, sosteniendo que el problema futuro de la Seguridad Social, más que la población, será el empleo: si lo hay, no faltará gente para trabajar y apuntalar el Estado del bienestar.

Para hacer frente al desafío demográfico, y en un clima de dificultad económica y de presiones políticas desde la UE que aceleraron los cambios, España hizo en plena crisis dos grandes reformas de las pensiones (2011 y 2013), y ahora se empiezan a estudiar otras. Aún siendo de gran calado los cambios realizados, la opinión más extendida entre los especialistas es que el sistema público necesitará otros. Como si el sistema estuviera sujeto con muletas, sin una solución completa para sostenerse a largo plazo.

| Los gastos. Las reformas de estos años han concentrado el foco sobre la contención de los gastos presentes y futuros de las pensiones. En esa dirección, se ha elevado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años (salvo para las carreras laborales más largas y de manera progresiva hasta 2027), una decisión conectada con el aumento de la esperanza de vida, factor de la máxima importancia que empuja al alza los costes del sistema. Se optó por el criterio de que, si se vive más, es razonable que el tiempo extra se reparta entre el trabajo y la jubilación. Siendo el español un modelo de pensiones contributivo (se cobra más o menos pensión en función de lo que se haya cotizado), ese rasgo se acentuó ampliando además el número de años de la vida laboral (de 15 a 25, también progresivamente) sobre los que se calcula la prestación de jubilación.

Aunque esta última medida tiene efectos mixtos -perjudica a los trabajadores cuyos salarios mejoraron en los años más recientes y beneficia a quienes están en la situación contraria-, se calcula que la combinación del aumento de la edad de jubilación y el nuevo cómputo de la base reguladora supondrá una pérdida media superior al 10% en los ingresos de los nuevos jubilados respecto a la situación anterior a la reforma, según estimación del catedrático vasco Ignacio Zubiri.

La generosidad del sistema también sufre mutilaciones por las reformas aprobadas en 2013 por el Gobierno del PP, en el contexto del rescate europeo del sector financiero español y de las instrucciones recibidas de Bruselas para hacer ajustes. Se tomaron dos medidas cruciales. En primer lugar, el mecanismo por el cual desde 1996 se compensaba a los pensionistas por la subida del índice de precios al consumo (IPC) para preservar su poder adquisitivo fue reemplazado por el nuevo "índice de revalorización", que supedita la actualización de las prestaciones a la situación presupuestaria de la Seguridad Social y fija un incremento mínimo del 0,25% y uno máximo del IPC más el 0,5%. Desde 2014 las pensiones han subido ese mínimo del 0,25%. La inflación negativa de los dos últimos años evitó que los pensionistas perdieran capacidad de compra, algo que sí ocurrirá en 2017 (el IPC previsto es del 1,5% y la subida de las pensiones volverá a ser del 0,25%) y en los siguientes, dan por hecho distintos expertos (Ignacio Zubiri y Juan Ignacio Conde-Ruiz, entre otros).

La comentada reforma de 2013 alumbró otro índice ("de sostenibilidad") que, en línea con las prácticas de otros países europeos, reducirá la pensión de los nuevos jubilados conforme aumente la esperanza media de vida de los españoles. Comenzará a aplicarse en 2019 y responde al siguiente criterio: igualar el trato que se da a los trabajadores de distintas generaciones, de forma que dos personas de la misma edad y con idéntico historial de cotizaciones reciban la misma cantidad total en concepto de pensiones. Para ello se recortará, al llegar a la jubilación, la nómina de los miembros de aquella generación que tiene la expectativa de vivir más tiempo.

Los impactos económicos agregados de todos esos cambios para el bolsillo de los pensionistas han sido evaluados por distintos investigadores que los han cifrado en una merma que oscila entre el 30% y el 40% de los ingresos de los jubilados del futuro. La Comisión Europea echa sus propias cuentas en un informe oficial: si ahora la pensión media de los españoles equivale al 79% del último salario al llegar al retiro, en 2035 esa proporción bajará al 58,3% y a menos de la mitad (48,6%) en 2060.

La cuenta de la Comisión Europea viene a certificar que lo avanzado en estos años en España para sostener en el futuro el sistema de pensiones ha sido básicamente a costa de los pensionistas del presente y del futuro. ¿Puede haber más ajustes por el mismo lado? Una corriente de expertos, de la que forma parte el economista Ángel de la Fuente (director general de FEDEA), considera inevitable ir a un nuevo aumento de la edad legal de jubilación. Propone elevarla hasta los 69 años, salvo en el caso de las profesiones penosas. Presumiblemente, en los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo reaparecerán propuestas para elevar a toda la vida laboral el cómputo de la base reguladora sobre la que se calcula la pensión, algo con lo que simpatizan los partidos de la derecha. Los de la izquierda, al igual que los sindicatos, aspiran a desmontar las reformas del PP y a poner el acento sobre los ingresos del sistema.

| Los ingresos. El modelo español es de los llamados "de reparto", de solidaridad entre generaciones: las personas en activo y las empresas para las que trabajan pagan cotizaciones con las que, además de ganar el derecho a su propia pensión futura, se financian las prestaciones del presente. Por tanto, los ingresos de la Seguridad Social dependen principalmente del mercado laboral. Y de ahí viene buena parte del "agujero" actual. Contenido el aumento del gasto en prestaciones con las reformas de estos años (la nómina anual subió el 2,88% en 2015, la mitad que en 2010), los ingresos por cotizaciones se hundieron por la destrucción de empleo durante la Gran Recesión (2008-2014) y se quedaron claramente por debajo de lo presupuestado por el Gobierno cuando, a partir de 2014, la ocupación comenzó a crecer. Una parte de ese desfase se explica por la precariedad del nuevo empleo y por el impacto de la reducción de los salarios sobre las bases de cotización, inducida por la reforma laboral de 2012.

¿Puede fiarse sólo al comportamiento futuro del mercado de trabajo la sostenibilidad financiera de las pensiones? El Ejecutivo defiende en público que recuperar la cifra de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social (ahora hay 17,8 millones) es el mejor camino, aunque a la vez admite la necesidad de medidas extraordinarias cuando plantea, como incluyó el PP en su programa electoral, reforzar la financiación con impuestos pagando con el Presupuesto del Estado las pensiones de viudedad.

Ante el cambio demográfico que se avecina, con menos personas en edad de trabajar, asegurar las pensiones sólo con cotizaciones requeriría, según los economistas, alcanzar el pleno empleo y aumentar de forma sobresaliente de la productividad (y con ello de los salarios), algo poco probable visto el historial de la economía española, con tasas de paro crónicamente elevadas y tendencia a especializarse en actividades poco productivas. La opción de subir los tipos de cotización está contraindicada para la creación de trabajo. Los que pagan las empresas ya son de los más altos de la UE y el margen de mejora si se suben de manera general las contribuciones de los trabajadores es limitado porque, en principio, habría que compensarlos con mayores pensiones futuras. Sí está ganando volumen una propuesta que nace de la izquierda y que el PP se ha prestado a evaluar: suprimir los topes máximos de la base de cotización (3.642 euros al mes) para que se incrementen las aportaciones que corresponden a los salarios más elevados.

Al mismo tiempo se abre paso una idea general: el sistema de pensiones va a requerir un refuerzo de financiación ajeno a las cotizaciones y procedente de otros ingresos tributarios del Estado, como los que ya sostienen el llamado "complemento a mínimos" que reciben las pensiones más bajas. La discusión está en cómo hacerlo. Pasar simplemente a pagar con impuestos las pensiones de viudedad (22.000 millones al año) resolvería el déficit de la Seguridad Social, pero abriría un boquete en otra parte de las arcas públicas que obligaría a recortar otras políticas o a elevar los ingresos fiscales. Las cuentas saldrían, según la tesis de hacendista Ignacio Zubiri, si España fuera capaz de acercar su recaudación total (ahora equivalente al 34,6% del PIB, de las más bajas de Europa) a la media de la UE (40%).

Con independencia de la controversia que siempre suscitan las subidas de impuestos, la solución tributaria para las pensiones plantea otros dilemas específicos. Si, pongamos por caso, se opta por reforzar las pensiones con ingresos procedentes del IVA o del IRPF se estaría produciendo de hecho una transferencia de renta desde contribuyentes con ingresos modestos (un asalariado o un autónomo, por ejemplo) a pagar pensiones de personas que en bastantes casos tendrán una posición económica mejor. Y sin que, al contrario que a través de las cotizaciones, nazca ningún derecho para el autónomo o el asalariado a recibir una pensión propia mayor en el futuro. De ese problema de "regresividad" descrito por algunos expertos nacen propuestas como las del PSOE de seguir el modelo francés: crear un nuevo recargo progresivo sobre la renta y sobre la riqueza que ha contribuido a situar la presión fiscal del país galo en el 48% del PIB.

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