La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se ha entregado a las remontadas y a coquetear con los últimos minutos del partido para arreglar sus problemas. Ya sin Antonio Dieter Moure en la presidencia, al gobierno interino comandado por los presidentes de las patronales provinciales se le echa el tiempo encima para cumplir los estatutos, garantizar la viabilidad de la confederación, lograr un equilibrio en las cuentas y evitar la quiebra. Otra vez. La junta de vicepresidentes tiene quince días para convocar elecciones o reformar sus estatutos, y todavía menos plazo (una semana a lo sumo) para negociar con la Xunta y que ésta incorpore a los presupuestos de 2017 la partida para el programa Pexga. "O arreglamos esto o nos vamos todos para casa", zanja un vocal de la institución.
El artículo 23 del reglamento interno de la CEG establece que, en caso de vacante en la presidencia, "en el plazo de dos meses se convocarán nuevas elecciones". Dieter renunció a su puesto el 7 de octubre, con lo que el 7 de diciembre (en medio del puente de la Constitución) expira el tiempo para convocar un proceso electoral nuevo. Una vía para sortear este mandato es la reforma exprés de los estatutos y que solo puede aprobar la asamblea general, opción que daría a entender -creen algunos vocales- que los cuatro presidentes provinciales quieren "perpetuarse en el cargo" tras la inmolación del ourensano. Otra posibilidad es la de iniciar la carrera hacia la presidencia, no exenta de complicaciones ante una CEG muy dividida y sin garantías plenas de viabilidad. De optar por este camino los comicios se celebrarían previsiblemente a mediados del mes de enero.
Pero el reloj coge carrerilla en lo que atañe a la situación económica, calamitosa desde hace años y que estuvo a punto de abocar a la CEG al concurso el pasado julio. Esta equis no está despejada tampoco. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quiere presentar los presupuestos el 1 de diciembre y no se ha negociado la renovación del Plan Pexga. Este es el único programa que mantiene la CEG, que conlleva una partida de 1,8 millones de dinero público, y al que están adscritos cuatro trabajadores de la institución. Si no se renueva el programa son empleos en riesgo, y serían los cuatro primeros despidos en la CEG entre personal no directivo. Hasta ahora solo ha prescindido del secretario general, Fausto Santamarina (se está negociando el finiquito con él en un proceso de conciliación) y dos empleados con los mayores salarios.
Desde la patronal explican que la dirección general del Igape no ha sido ratificada por el conselleiro, pero admiten el retraso en las negociaciones. Además los problemas con la Xunta no terminan ahí, ya que la CEG debe decidir estos días si presenta o no un contencioso contra la Administración por el expediente incoado en su contra por el uso irregular del Pexga. El Igape le reclama la devolución de casi 650.000 euros y no ha contestado al recurso de reposición formulado por la CEG en mayo. Si no hay respuesta en seis meses (antes del 30 de este mes) la patronal deberá plantear esta demanda -con un aval que no tiene- o negociar la devolución del dinero, del que tampoco dispone, a plazos.
