Un informe aportado por Bankia en el juicio contra 65 de su exconsejeros y exdirectivos, que se gastaron con cargo a la entidad 15,5 millones para fines privados mediante tarjetas de empresa opacas al fisco, señala que algunos de los acusados consideraron en su momento insuficiente el dinero de que estaban dotados estos medios de pago. Los documentos revelan que las peticiones de titulares y usuarios de las tarjetas para que se elevasen los umbrales de gasto mensual eran continuas, con solicitudes de hasta 240.000 euros. Así consta en una serie de correos electrónicos, intercambiados entre departamentos internos de control de tarjetas.
Cada titular de una de estas tarjetas contaba con un límite de gasto mensual propio que oscilaba entre 3.000 y 8.000 euros, y que en determinadas épocas del año, particularmente en Navidades y durante el mes de agosto, resultaban insuficientes.
Entre estos documentos figura también la petición del director general de Operaciones y Procesos de Bankia para que se emitieran tarjetas de negocios a nombre del entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato; de su mano derecha y exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj; de José Manuel Fernández Norniella, exconsejero y exsecretario de Estado de Hacienda, y del consejero delegado, Francisco Verdú, quien no hizo uso de ella y no está acusado.
El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón rechazó los motivos planteados por las defensas para intentar parar el juicio, anular las principales pruebas y negar a Bankia y a su mayor accionista (el fondo estatal FROB) la condición de perjudicados y el derecho por ello a ejercer la acusación particular. "Han intentado sacar agua de las rocas y la poca que ha salido no es potable", dijo Luzón.
Divulgación de correos
Frente a la pretendida ilegalidad perpetrada al revelar datos personales del uso de las tarjetas, el fiscal sostuvo que los correos electrónicos no atentan contra el derecho a la intimidad ya que son mensajes almacenados en el servidor de Caja Madrid y, por tanto, no revisten carácter personal sino profesional. Y en respuesta al defensor de Estanislao Rodríguez-Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda -quien sostuvo que Bankia y el FROB "no tienen vela en este entierro"-, el fiscal replicó "que en este entierro o funeral tenemos vela todos" porque el rescate de Bankia, recordó, costó a todos los contribuyentes 22.000 millones.
En opinión de Luzón, "los españoles hemos pagado no se si el entierro pero si el funeral de Caja Madrid a través del FROB, donde estamos representados todos los ciudadanos". Por ello, resultaba indispensable conocer el contenido de esos correos, intercambiados entre departamentos internos de la caja y que contenían información particular de los usuarios.
Dichos correos, intercambiados "por empleados de Bankia y que son propiedad de la entidad" y que fueron aportados el pasado viernes -algo que desconocían muchos de los 65 acusados-, son de "una indudable relevancia", pese a que no aportan nada a la investigación, ha dicho Luzón.
Tampoco lo hace un informe pericial elaborado por la consultora KPMG que presuntamente demostraría que las tarjetas no contaban con soporte legal y que para el fiscal Anticorrupción se trata de una "seudopericia que no habilita a su autor a ilustrar a la sala sobre cuestiones jurídicas que ya deberíamos conocer".
Luzón admitió, en cualquier caso, que a él también le hubiera gustado disponer de toda esta información con anterioridad, como manifestaron ayer varios de los abogados defensores.
