Banco Popular rebajó en 45 millones de euros la provisión destinada a cubrir posibles contingencias por la devolución del dinero cobrado por cláusulas suelo en las hipotecas desde el 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia. Tras revisar el número de clientes afectados, la entidad ha decidido recortar la provisión necesaria a 305 millones a junio de este año.
El equipo de trabajo del banco creado a inicios de este año revisó el perímetro afectado incluyendo a todos los titulares de las operaciones y no sólo al primer titular, como se había considerado en la estimación realizada a finales de 2015 y que ascendía a 350 millones.
Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad cuenta ahora con información más detallada del destino de la financiación de los préstamos con cláusulas suelo. Esta condiciones fijaban un límite a la caída histórica del Euribor, que va camino de completar su octavo mes consecutivo hundido en terreno negativo ante el contexto de bajos tipos de interés.
De esta forma, el banco presidido por Ángel Ron provisionará un 13% menos de lo previsto en las cuentas de 2015 para cubrir una eventual eliminación de las cláusulas suelo con efectos retroactivos hasta mayo de 2013.
La entidad estima además un impacto de 334 millones adicionales por el riesgo de una retroactividad plena en la devolución de lo cobrado por cláusulas suelo, esto es, desde el origen del préstamo hipotecario. No obstante, el banco considera como "remoto" dicho riesgo de retroactividad total, una tesis que considera reforzada tras la apreciación del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló una retroactividad "limitada en el tiempo".
El Popular también anunció la semana pasada que el proceso de reestructuración dentro de su plan de optimización de los recursos afectará a entre 2.900 y 3.000 empleados, lo que supone hasta el 20% de la plantilla, unos 450 en Galicia, lo que equivale al 25% de sus trabajadores en la comunidad. Además, la entidad prevé reducir su red de oficinas en España un 14%, lo que conllevará el cierre de unas 300 sucursales.
El Popular contaba con una plantilla de 14.935 trabajadores, de los que cerca de 1.700 son empleados con 59 años o más, y con 2.093 oficinas a junio de este año.
