Las sociedades con las que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa suministran la electricidad mediante el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) declararon unas pérdidas de 28,9 millones de euros en el ejercicio 2015, el último en el que, conforme a la nueva regulación y a las sentencias del Tribunal Supremo, debería registrarse insuficiencia de ingresos.
En noviembre de 2015, el tribunal falló a favor de las eléctricas y obligó a revisar el margen de 4 euros anuales por kilovatio (kW) reconocido a las comercializadoras de referencia encargadas de suministrar el precio regulado. A comienzos de junio, obligó además al Gobierno a establecer de forma urgente una nueva metodología.
